La profunda crisis económica que enfrenta Cuba ha desencadenado una emergencia silenciosa en materia de salud sexual y reproductiva. La falta de preservativos en las farmacias estatales, sumada a la escasez de otros métodos anticonceptivos como píldoras, DIU y pruebas de embarazo, ha provocado un alarmante aumento de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y abortos realizados sin supervisión médica, especialmente entre adolescentes.
En provincias como Las Tunas, Guantánamo y La Habana, la ausencia total de condones se ha prolongado durante años. Esta situación ha forzado a muchas jóvenes a buscar métodos alternativos y peligrosos para interrumpir embarazos no deseados, incluyendo el uso de brebajes caseros, medicamentos adquiridos en el mercado negro e incluso prácticas físicas extremas. Los hospitales del país han reportado casos de intoxicaciones severas, hemorragias y daños irreversibles en la salud reproductiva de las pacientes, como histerectomías de urgencia en menores de edad.
A pesar de que el aborto es legal en Cuba desde 1965, las dificultades para acceder a servicios médicos, el colapso de las redes de salud y la falta de insumos están empujando a las mujeres a procedimientos clandestinos y de alto riesgo. La situación también ha generado un repunte de enfermedades como la sífilis y el VIH, agravando un panorama sanitario ya golpeado por la escasez crónica de medicamentos y recursos hospitalarios.
Organizaciones internacionales y médicos locales han advertido que se trata de una emergencia de salud pública. Aunque el gobierno responsabiliza al embargo estadounidense por la falta de suministros, expertos y activistas insisten en que se requieren respuestas urgentes desde la política nacional para garantizar derechos básicos en salud sexual, proteger la vida de las mujeres y frenar el deterioro social en la isla.
