Las celebraciones de Navidad y fin de año en las entidades del Gobierno nacional tendrán que ajustarse a nuevas medidas de austeridad. La Presidencia de la República emitió lineamientos para restringir el uso de recursos públicos en fiestas, banquetes, recepciones y actividades cuyo propósito sea exclusivamente festivo.
La disposición está contenida en la Circular Externa 10 de 2026, suscrita por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ríos. El documento está dirigido a ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, gerentes y representantes legales de las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
Entre las principales instrucciones se encuentra abstenerse de promover procesos de contratación, celebrar convenios u órdenes de compra cuyo objetivo sea financiar celebraciones navideñas o actividades de cierre de año de carácter exclusivamente recreativo. La restricción comprende servicios de alimentación, bebidas, decoración, espectáculos, alquiler de espacios y logística, cuando no exista una necesidad institucional debidamente justificada ni fundamento jurídico suficiente.
La circular también establece que las actividades de integración y celebración deberán realizarse bajo criterios de voluntariedad. Esto significa que no se podrá imponer la asistencia de funcionarios y contratistas ni exigirles contribuciones económicas para financiar estos encuentros. Además, se pide privilegiar iniciativas que no comprometan recursos del presupuesto público ni afecten la continuidad de los servicios.
Otro de los puntos contempla fortalecer los controles presupuestales, contractuales y administrativos para verificar que los recursos del Estado no terminen financiando actividades exclusivamente festivas mediante contratos de logística, bienestar, comunicaciones o eventos institucionales que desvirtúen su finalidad.
Asimismo, los representantes legales y responsables de ordenar el gasto deberán adoptar medidas administrativas de austeridad y garantizar que las apropiaciones presupuestales se destinen prioritariamente al cumplimiento de las funciones institucionales y a la atención del interés general. Estas disposiciones también deberán armonizarse con las obligaciones legales y contractuales vigentes y con los programas institucionales de bienestar social.
No obstante, el documento precisa que la circular no crea por sí misma nuevas prohibiciones legales ni modifica las disposiciones presupuestales y contractuales que ya rigen a cada entidad. Su propósito es orientar la aplicación de criterios de austeridad y racionalización del gasto público durante las celebraciones de diciembre.
La directriz se conoce en medio de los anuncios del Gobierno nacional sobre la necesidad de reducir gastos y optimizar los recursos estatales. Con estas medidas, la administración busca que las actividades de cierre de año no representen erogaciones injustificadas para el presupuesto público.