En una decisión que golpea directamente el sueño de la vivienda propia de miles de familias, el Gobierno Nacional anunció la suspensión de los subsidios del programa Mi Casa Ya debido a la crisis fiscal que atraviesa el país. La medida fue oficializada mediante la Circular 0012 del 16 de diciembre de 2024, emitida por el Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).
Entre las medidas anunciadas se destacan:
- Suspensión de nuevas asignaciones de subsidios para créditos hipotecarios y contratos de leasing habitacional.
- Cierre de la plataforma que permite registrar a hogares en el esquema de preasignación para Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
- Fin de la cobertura a las tasas de interés, lo que aumentará los costos para quienes planeaban adquirir vivienda bajo este beneficio.
El Ministerio de Vivienda explicó que los cupos disponibles se agotaron y que esta decisión obedece a la necesidad de ajustar la política pública a la realidad fiscal del país. Aunque se mantendrán los cupos para hogares en estado “Solicitante Preasignación – Cumple”, el acceso a nuevos beneficiarios queda restringido.
Esta decisión ha generado fuertes críticas. El senador David Luna calificó el anuncio como un “golpe devastador” para las familias y el sector de la construcción, uno de los motores económicos del país. Luna señaló que esto revela “la improvisación fiscal del gobierno y su incapacidad para proteger a los más vulnerables”.
Desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el programa Mi Casa Ya había experimentado cambios significativos en sus criterios de acceso, priorizando los grupos del Sisbén sobre el nivel de ingresos. Además, el presupuesto destinado a los subsidios para 2025 ya había sido reducido a la mitad, pasando de 50.000 a 25.000 subsidios.
El Gobierno justifica esta suspensión alegando un contexto económico de baja inflación y tasas de interés estables, aunque la razón principal parece ser la falta de recursos tras el fracaso de una reforma tributaria.
La suspensión de Mi Casa Ya representa un duro golpe para miles de familias que contaban con este subsidio para financiar su vivienda. Asimismo, pone en riesgo el crecimiento del sector constructor y sus empleos asociados.
