La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en Cajicá, y canceló su licencia de funcionamiento tras concluir el proceso administrativo sancionatorio relacionado con la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció de la institución en agosto de 2025 y cuyo cuerpo fue encontrado 18 días después en un afluente cercano.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Buen Gobierno Educativo de Cundinamarca, a cargo de Karen Milena León, luego de analizar las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de la menor. En el documento de 88 páginas, la autoridad departamental declaró administrativamente responsable al establecimiento educativo por una infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio público educativo.
Según la Gobernación, durante el proceso se identificaron presuntas omisiones relacionadas con el deber de cuidado, deficiencias en los protocolos de seguridad y fallas en la respuesta institucional ante la desaparición de la estudiante.
La administración departamental también señaló que Valeria tenía una “triple condición de vulnerabilidad”, asociada a su género, edad y discapacidad, al tratarse de una niña con síndrome de Down. Estas circunstancias, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, exigían una protección reforzada y diferenciada.
Fallas en la reacción ante la desaparición
Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2025, cuando Valeria fue reportada como desaparecida dentro de las instalaciones del colegio. De acuerdo con la información analizada por las autoridades, las cámaras de seguridad registraron a la menor jugando con un balón cerca de una cerca que separaba las instalaciones educativas de un río.
La investigación administrativa estableció que la niña habría atravesado en varias ocasiones la barrera ubicada en ese sector, hasta que finalmente se perdió su rastro.
Entre las conclusiones del proceso se mencionan deficiencias en los mecanismos institucionales destinados a reaccionar ante la desaparición o pérdida de ubicación de un estudiante. Incluso, durante los momentos críticos, docentes intercambiaron mensajes a través de un grupo de WhatsApp para intentar establecer dónde se encontraba la menor.
Aunque hacia el mediodía se activó una alarma de evacuación, la madre de Valeria fue notificada a las 12:50 p. m., mientras que el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca llegó aproximadamente a las 2:00 p. m.
La Gobernación concluyó que la menor salió del aula sin un control efectivo y permaneció sola en zonas recreativas sin que su ausencia fuera advertida oportunamente.
El documento calificó la respuesta institucional ante la emergencia como “improvisada y desarticulada” y también señaló deficiencias en la vigilancia diferenciada que requería la estudiante, así como en la valoración del riesgo derivado de la cercanía del afluente.
Valeria fue encontrada 18 días después
La desaparición de Valeria generó una intensa operación de búsqueda en la que participaron más de 200 rescatistas, además de drones y organismos de socorro.
El 29 de agosto de 2025, un campesino encontró el cuerpo de la menor en el sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá, aproximadamente a 300 metros de la institución educativa.
En su momento, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, calificó el hallazgo en ese punto como “improbable”, debido a que el área ya había sido inspeccionada durante los primeros días de búsqueda.
Posteriormente, el informe de Medicina Legal estableció que la causa de muerte fue ahogamiento, ocurrido el mismo día de la desaparición, y no encontró signos de violencia física.
Colegio deberá reubicar a sus estudiantes
La Gobernación consideró que la cancelación de la licencia de funcionamiento es una medida proporcional a la gravedad de las omisiones identificadas en el proceso administrativo.
Sin embargo, el cierre definitivo del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe no será inmediato. La institución podrá culminar el calendario académico correspondiente a 2026 y, antes del 31 de octubre de este año, la rectora Sonia Ochoa Daza deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca un plan para la reubicación de los estudiantes.
Además de la sanción administrativa, la Gobernación compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe los hechos y determine si existen responsabilidades de carácter penal.
La decisión se conoce mientras la familia de Valeria continúa reclamando avances en la investigación judicial. Su padre, Manuel Afanador, ha cuestionado públicamente el rumbo del proceso y ha solicitado a la Fiscalía que el caso avance y no quede en la impunidad.
