La Gobernación del Quindío respondió públicamente a la denuncia penal presentación ante la Corte Suprema de Justicia contra el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, en la que se señalan presuntas irregularidades en procesos contractuales del departamento. Durante una rueda de prensa realizada en el Centro Administrativo Departamental (CAD), el secretario Jurídico y de Contratación, Juan Carlos Alfaro García, aseguró que la administración ha accionado con total transparencia y que todos los procesos pueden verificarse en el sistema público de contratación estatal.
La denuncia fue interpuesta por el abogado Diego Fernando Molina, quien señaló supuestas irregularidades en la contratación del departamento, entre ellas la presunta celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Tras recibir la denuncia, la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la investigación correspondiente.
Gobernación rechaza las acusaciones
Durante su intervención, Alfaro calificó las acusaciones como una “falacia” producto de la desinformación y aseguró que los procedimientos de contratación del departamento se ajustan estrictamente a la normatividad vigente. El funcionario explicó que, aunque aún no conocen oficialmente el contenido completo de la denuncia, decidió pronunciarse con base en los apartes divulgados.
Según el secretario, todas las actuaciones contractuales de la administración departamental son públicas y se encuentran registradas en el SECOP II, la plataforma administrada por Colombia Compra Eficiente, donde cualquier ciudadano puede consultar la información en tiempo real.
“Pretender decirle a la comunidad que hacer una selección abreviada es eludir la ley es una falacia. Es un procedimiento tan público como la licitación; lo único que cambian son los términos”, afirmó Alfaro.
Modalidades de contratación y cifras oficiales
Uno de los puntos centrales de la denuncia señala que la Gobernación habría evitado las licitaciones públicas utilizando la figura de selección abreviada. Frente a esto, Alfaro explicó que la legislación colombiana contempla cinco modalidades de contratación:
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, cantidad mínima y contratación directa.
De acuerdo con el funcionario, la ley establece cuándo debe aplicarse cada modalidad y las entidades públicas no pueden elegirlas de manera arbitraria.
El secretario presentó cifras sobre los procesos adelantados por la Gobernación:
Año 2024
• 6 licitaciones públicas
• 43 selecciones abreviadas (23 de obra)
• 1 concurso de méritos
• 39 procesos de cuantía mínima
• 65 procesos mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano
• 18 convenios solidarios
Año 2025
• 5 licitaciones públicas
• 14 selecciones abreviadas
• 4 concursos de méritos
• 45 procesos de mínima cuantía
• 76 compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano
Año 2026 (hasta la fecha)
• 1 licitación pública
• 4 selecciones abreviadas
• 1 concurso de méritos
• 4 procesos de mínima cuantía
• 5 procesos en la Tienda Virtual del Estado
• 5 convenios solidarios
Alfaro explicó que la selección abreviada suele utilizarse cuando se adquieren bienes de características uniformes. Como ejemplo mencionó el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que por disposición legal no se contrata mediante licitación pública.
Convenios con Proyecta
La denuncia también cuestiona presuntos contratos entregados a la empresa Proyecta mediante convenios interadministrativos, intentando establecer paralelismos con el caso de corrupción conocido como Las Marionetas, vinculado al exsenador Mario Castaño.
Sin embargo, Alfaro aseguró que las cifras no coinciden con lo señalado en la denuncia.
Según explicó:
• En 2024 la Gobernación no firmó ningún convenio con Proyecta.
• En 2025 se firmaron dos convenios, ambos relacionados con proyectos de carácter urgente y social.
El primero corresponde a una intervención en la institución educativa La Soledad, en el municipio de Montenegro, donde un talud amenazaba con colapsar la infraestructura escolar. El convenio tuvo un valor total de 159 millones de pesos y contó con aportes del municipio, la Gobernación y la empresa Proyecta.
El segundo proyecto está relacionado con la adecuación de la morgue de Calarcá, una obra en la que participaron diez de los doce municipios del departamento para solucionar un problema de salubridad pública. Parte de los recursos para materiales se ejecutó a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, mecanismo basado en acuerdos marco de precios que evita la manipulación en la selección de proveedores.
Vivienda de interés social y aclaraciones legales
Otro punto de la denuncia hace referencia a 11 convenios relacionados con proyectos de vivienda de interés social. Frente a este tema, Alfaro explicó que la política de vivienda del departamento es ejecutada por Proyecta desde su creación.
El funcionario aclaró que, en estos casos, no se aplica el Estatuto de Contratación Estatal establecido en la Ley 80, sino lo dispuesto por la Ley 388 de 1997, que regula el desarrollo territorial y permite que los proyectos de vivienda se ejecuten mediante fiducia comercial bajo normas de derecho privado.
Proyecto de aulas virtuales
El secretario jurídico también rechazó otro señalamiento que afirma que desde septiembre de 2025 la Fiscalía investiga un proyecto de “aulas virtuales” ejecutado mediante un convenio con la Universidad del Valle.
Según Alfaro, esa información es incorrecta. Explicó que la actual administración no ha firmado ningún convenio con esa institución y que el proyecto corresponde a una iniciativa del año 2023 financiada con recursos de regalías, cuya ejecución fue asignada mediante acto administrativo por el órgano competente.
Contratos con Telecafé
Sobre los convenios firmados con el canal regional Telecafé, el secretario afirmó que estos se realizaron dentro del marco legal y responden al objeto misional del medio público, relacionado con la producción y difusión de contenidos institucionales y de interés público.
Al finalizar la rueda de prensa, Alfaro aseguró que la Gobernación está dispuesta a atender cualquier requerimiento de los organismos de control.
Desde la Gobernación del Quindío se recalcó que los procesos contractuales del departamento son públicos y que cualquier ciudadano puede verificarlos a travé
