El Ministerio de Transporte suspendió la entrada en operación de ,los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), mecanismo creado para verificar de manera independiente las habilidades de las personas que buscan obtener o recategorizar una licencia de conducción en Colombia.
La decisión tiene como uno de sus principales argumentos el impacto económico que tendría este nuevo proceso para los conductores. Actualmente, obtener una licencia puede representar un costo cercano a $1,4 millones, mientras que con la entrada en funcionamiento de los CALE el valor podría ascender hasta $2,2 millones, lo que significaría un incremento de hasta $800.000.
El Ministerio explicó que las escuelas de conducción mantienen su función de enseñar y preparar a los aspirantes, mientras que los CALE fueron diseñados para evaluar de manera independiente si una persona cuenta efectivamente con las competencias necesarias para conducir.
Aunque la Ley 2251 de 2022 continúa vigente, la cartera anunció una revisión integral del esquema antes de permitir su entrada en operación. Entre los aspectos que serán analizados se encuentran la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la legalidad del contrato mediante el cual se estructuró el sistema y la relación entre los costos para los usuarios y los resultados esperados en materia de seguridad vial.
El modelo fue establecido mediante un contrato interadministrativo con la UNAD y, de acuerdo con la información entregada por el Ministerio, su operación podría movilizar cerca de $20 billones durante los próximos 20 años. La decisión también ha generado cuestionamientos debido a que la UNAD quedó como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas manifestaron que cumplían los requisitos y solicitaron participar.
Esta situación derivó en tutelas, denuncias y solicitudes de revocatoria, asuntos que ahora hacen parte del contexto que deberá revisar el Ministerio dentro del análisis anunciado. La entidad aseguró que el proceso se adelantará respetando el debido proceso y la seguridad jurídica.
“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.
Una vez concluida la revisión, el Ministerio de Transporte informó que comunicará las decisiones correspondientes sobre la operación de los CALE. Mientras tanto, queda suspendida su entrada en funcionamiento, a la espera de determinar si el modelo cumple con las condiciones legales, técnicas y económicas necesarias para su implementación.
