Dos viviendas ubicadas en el barrio Buenos Aires, del municipio de Quimbaya (Quindío), fueron objeto de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, al ser señaladas de haber sido utilizadas para actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
Los inmuebles, avaluados en aproximadamente $300 millones, fueron retirados de la esfera económica de una estructura de delincuencia organizada dedicada al microtráfico en el departamento, como parte de la estrategia nacional para afectar las finanzas de organizaciones criminales.
De acuerdo con las autoridades, esta acción está relacionada con la investigación que permitió desarticular, el 15 de noviembre de 2021, una organización delincuencial mediante la captura por orden judicial de 12 de sus integrantes, quienes, según la investigación, eran liderados por Frank Sebastián Molina Cardona.
Pese a esos resultados, las labores investigativas evidenciaron que las viviendas continuaban siendo utilizadas como centros de acopio y distribución de sustancias estupefacientes en el municipio de Quimbaya.
Durante la ejecución de las medidas cautelares, las autoridades comprobaron que la actividad ilícita seguía desarrollándose en los inmuebles, razón por la cual incautaron 100 dosis de base de cocaína, avaluadas en cerca de $2 millones, además de material de empaque y bolsas empleadas para la dosificación y comercialización de la droga.
La Policía Nacional señaló que este tipo de procedimientos buscan afectar la capacidad económica de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y evitar que los bienes continúen siendo utilizados para actividades ilegales.
Asimismo, recordó que la Constitución Política establece que la propiedad privada cumple una función social y, por tanto, ningún bien puede ser utilizado como instrumento, medio o destino para financiar, facilitar o desarrollar actividades delictivas. Por ello, los inmuebles vinculados con estas conductas pueden ser objeto de medidas cautelares y procesos de extinción de dominio conforme a la legislación colombiana.
