El profundo dolor de perder a un hijo es una herida que el tiempo no logra sanar, especialmente cuando la tragedia llega a manos de quienes juraron proteger a la ciudadanía. Pedir auxilio a las autoridades en medio de una crisis médica desesperada y recibir a cambio una ráfaga de disparos es una verdadera pesadilla que hoy mantiene a una familia quindiana sumida en la impotencia y la total indignación.
Han pasado 365 días de doloroso silencio y aterradora indiferencia institucional. Las pruebas y los escandalosos videos ciudadanos que registraron el presunto uso excesivo de fuerza parecen haber quedado archivados por la justicia, mientras los uniformados implicados en el atroz operativo continúan vistiendo sus uniformes y patrullando las calles como si absolutamente nada hubiese ocurrido.
Este 4 de octubre se cumplió un año del asesinato de Jonathan Jaramillo Silva, de 36 años, en el barrio Palma de Cera de Quimbaya (Quindío). El joven, diagnosticado con esquizofrenia, sufría una severa crisis de salud mental cuando fue rodeado y abatido a tiros por agentes de la Policía, contradiciendo los protocolos de uso proporcional de la fuerza.
Dorfy Jaramillo, madre de la víctima, denunció la completa parálisis de las investigaciones penales y el abandono de la Alcaldía de Quimbaya, de quien solo recibieron una corona fúnebre. “Les pido de todo corazón que la muerte de mi hijo no quede impune, los policías siguen trabajando como si nada. Estamos sufriendo mucho”, clamó la desconsolada madre.


