El Salvador dio un nuevo giro en su política de seguridad con la aprobación de una reforma legal que permitirá imponer cadena perpetua a menores de entre 12 y 18 años que sean condenados por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación, terrorismo o pertenencia a pandillas.
La medida, impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, entrará en vigor el próximo 26 de abril y ha generado debate entre sectores que respaldan el endurecimiento de las penas y organismos que advierten sobre su impacto en los derechos de la niñez.
De acuerdo con el Gobierno salvadoreño, la reforma modifica de manera estructural el sistema penal juvenil al eliminar el procedimiento especial que diferenciaba a los adolescentes de los adultos en el juzgamiento de delitos graves. Con este cambio, los menores podrán recibir sanciones similares a las de un adulto en casos de alta gravedad.
Las autoridades sostienen que la medida busca cerrar vacíos legales que, según su interpretación, han favorecido la impunidad dentro del sistema de justicia juvenil. La reforma se enmarca en la estrategia de seguridad del Ejecutivo, caracterizada por el fortalecimiento del aparato judicial y operativos de gran escala contra estructuras criminales.
El paquete legislativo aprobado también introduce modificaciones a los códigos penal y procesal penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Orgánica Judicial, entre otras normas.
Con las reformas, los tradicionales juzgados de menores serán reemplazados por tribunales especializados en delitos graves, que tendrán la responsabilidad de conocer los casos y revisar periódicamente las condenas. Aunque se contempla la posibilidad de revisiones de pena, estas se realizarán bajo estrictas condiciones y plazos definidos por la ley.
En el caso de la cadena perpetua, se establece una revisión obligatoria cada cinco años a partir de los 25 años de prisión para menores, y plazos mayores para adultos, dependiendo del tipo de delito y sus agravantes.
El presidente Bukele sancionó oficialmente las reformas, que también abarcan la posibilidad de aplicar estas condenas a cómplices desde los 12 años de edad. La decisión se suma a otras medidas adoptadas en el marco del estado de excepción vigente desde 2022, bajo el cual han sido detenidas más de 90.000 personas, según cifras oficiales.
La comunidad internacional ha expresado preocupación por el alcance de la reforma. Organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y UNICEF han advertido que la medida podría contravenir estándares internacionales de protección a la infancia, al priorizar el castigo sobre la rehabilitación.
Estos organismos han insistido en que los menores en conflicto con la ley deben recibir un trato diferenciado, donde la privación de la libertad sea un último recurso y por el menor tiempo posible.
Mientras tanto, el Gobierno de El Salvador defiende la reforma como una herramienta necesaria para fortalecer la seguridad y reducir la criminalidad. El Ejecutivo ha señalado en ocasiones anteriores que organismos internacionales desconocen la realidad del país y que sus políticas están enfocadas en proteger a la población.
Las reformas se producen en un contexto en el que El Salvador ha registrado una reducción significativa en los índices de homicidios, fenómeno que el Gobierno atribuye a su política de seguridad. Este resultado ha contribuido a altos niveles de aprobación del presidente Bukele, quien fue reelegido en 2024 con más del 80% de los votos.
Sin embargo, críticos advierten que el endurecimiento del sistema penal y la ampliación de facultades punitivas podrían debilitar garantías fundamentales y el equilibrio institucional del país centroamericano.
La implementación de la reforma comenzará el 26 de abril, fecha en la que entrarán en funcionamiento los nuevos tribunales especializados que estarán a cargo de aplicar y revisar las condenas bajo el nuevo marco legal.
