Una posible transformación en la relación entre el Estado venezolano y la empresa privada fue anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien informó que ordenó revisar los activos no esenciales que actualmente están bajo administración pública para determinar cuáles podrían regresar a sus antiguos propietarios o ser ofrecidos al sector privado.
El anuncio se conoció este jueves 29 de octubre, durante un mensaje grabado dirigido al país. Rodríguez aseguró que el proceso de valoración técnica y cuantificación patrimonial ya registra avances, aunque no presentó un inventario de los bienes que entrarían en revisión ni explicó los criterios que se utilizarán para decidir cuáles serán restituidos o puestos en venta.
“He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios. Ya esto está avanzado”, afirmó la mandataria, quien defendió la propiedad privada como un derecho protegido por la Constitución venezolana.
La iniciativa hace parte de una serie de anuncios relacionados con cambios económicos, garantías judiciales, incrementos salariales y compromisos sobre futuras elecciones. Además, se enmarca en los acercamientos que el Gobierno asegura mantener con representantes de los gremios empresariales para dinamizar la producción y recuperar la confianza de los inversionistas.
Una posible revisión de las nacionalizaciones
La decisión podría abrir la puerta a una reversión parcial de las nacionalizaciones impulsadas durante los gobiernos de Hugo Chávez, especialmente en sectores estratégicos como el petrolero, eléctrico y minero.
Según la información divulgada, una comisión designada en abril adelanta la revisión de activos estatales en algunas de estas áreas. Sin embargo, Rodríguez no precisó qué empresas, instalaciones o propiedades podrían ser objeto de devolución, ni cómo se resolverían las reclamaciones de quienes aseguran haber perdido sus bienes durante anteriores procesos de nacionalización.
Uno de los casos emblemáticos que ha generado controversia es el del diario El Nacional, cuya sede en Caracas fue objeto de una entrega judicial en febrero de 2022 a favor del dirigente Diosdado Cabello, después de un litigio por presunto daño moral. El caso ha sido denunciado internacionalmente como una acción de carácter político contra el medio de comunicación.
Reforma judicial, amnistía y promesas electorales
Durante su intervención, Rodríguez también se refirió a una reforma de la justicia penal, con la que aseguró que busca enfrentar problemas como la corrupción, los retrasos procesales y la criminalización de la pobreza. Asimismo, mencionó la cooperación técnica con la Unión Europea y una solicitud de asistencia a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En materia de amnistía, la presidenta encargada afirmó que cerca de 9.000 personas se han beneficiado de esta medida y que más de 1.000 han sido liberadas. Estas cifras corresponden al balance presentado por su Gobierno y no se acompañaron de información detallada que permita establecer de manera independiente el alcance de los beneficios.
Otro de los asuntos abordados fue el calendario electoral. Rodríguez aseguró que habrá elecciones de acuerdo con lo establecido en la Constitución, pero no anunció fechas ni presentó un cronograma para la realización de los comicios.
“Un verdadero diálogo de la sociedad requiere que todas las voces puedan ser escuchadas”, manifestó, al referirse a la necesidad de avanzar en espacios de entendimiento entre los diferentes sectores del país.
Un anuncio en medio de un momento político clave
El mensaje de Rodríguez se produjo horas antes de la rueda de prensa convocada por la dirigente opositora María Corina Machado, prevista como su primera comparecencia pública después de regresar al país el domingo.
La mandataria encargada también habló de la necesidad de negociar con distintos sectores, restablecer el acceso a portales informativos y administrativos que, según indicó, estaban sujetos a restricciones, y mejorar la percepción internacional de Venezuela.
Aunque presentó estas iniciativas como parte de una etapa de transformación económica e institucional, todavía quedan interrogantes sobre su aplicación: no se conocen los activos que podrían regresar a manos privadas, los mecanismos para garantizar las restituciones, los plazos de ejecución ni las condiciones del proceso electoral anunciado.
Por ahora, el Gobierno venezolano plantea una revisión de su patrimonio estatal que podría marcar un cambio en su política económica, pero los alcances reales de la medida dependerán de las decisiones y procedimientos que se anuncien en las próximas etapas.