¿Las cámaras de fotodetección están salvando vidas o convirtiéndose en un negocio mientras las carreteras siguen deterioradas?
Lo ocurrido en Buenaventura, Valle del Cauca, vuelve a encender la polémica nacional por las fotomultas.
Transportadores y conductores cuestionaron la instalación de una cámara móvil de detección electrónica en una vía donde, según la denuncia difundida en redes sociales, existen problemas de infraestructura, congestión vehicular y dificultades para la movilidad.
La inconformidad quedó registrada en video: ante los reclamos de los conductores, agentes de tránsito terminaron retirando el dispositivo de fotodetección.
La polémica también esta en el Quindío: Via Montenegro-Armenia bajo la lupa
La discusión tiene un capítulo especialmente sensible en el Quindío. En la vía Montenegro-Armenia, el sistema de fotodetección ya está generando comparendos, situación que desató cuestionamientos de ciudadanos, transportadores y representantes políticos.
Durante el debate realizado en la Asamblea Departamental el pasado 9 de noviembre, salió a relucir uno de los aspectos más polémicos del contrato: la distribución económica del recaudo, señalada por los cuestionamientos de los concejales como un esquema del 70 % asociado al operador privado y el 30 % para el municipio.
El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava Bush, ha defendido el sistema bajo el argumento de que se trata de cámaras salvavidas para controlar la velocidad y prevenir accidentes. Sin embargo, la ciudadanía sigue exigiendo explicaciones sobre el contrato, los costos de operación, las autorizaciones, la socialización y el destino de los recursos.
La pregunta que hoy se hacen muchos conductores es inevitable: ¿la prioridad es salvar vidas o garantizar un modelo de recaudo a través de las infracciones?
La discusión no significa desconocer la importancia de controlar la velocidad. Las vías necesitan controles, pero también señalización adecuada, infraestructura segura, educación vial y transparencia en la contratación.
Además, el Ministerio de Transporte informó en mayo de 2026 sobre investigaciones a 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en sistemas de fotodetección, lo que demuestra que la vigilancia sobre estos mecanismos es un asunto nacional. Ministerio de Transporte
¿Qué están proponiendo los ciudadanos y transportadores?
Las reclamaciones que se desprenden de estas controversias ponen sobre la mesa cinco exigencias:
- Primero las vías: priorizar el mantenimiento y mejoramiento de las carreteras antes de convertirlas en escenarios de sanciones.
- Transparencia contractual: publicar los contratos, porcentajes, costos de operación y beneficiarios de los recursos.
- Señalización y pedagogía: garantizar límites de velocidad visibles y campañas de prevención antes de imponer comparendos.
- Controles justificados: instalar dispositivos en puntos críticos de accidentalidad, con estudios técnicos y autorizaciones verificables.
- Veeduría ciudadana: permitir que transportadores y comunidades conozcan, vigilen y cuestionen el funcionamiento de estos sistemas.
La discusión de Buenaventura y la del Quindío tienen un punto en común: los ciudadanos quieren seguridad vial, pero también exigen que las autoridades respondan por el estado de las carreteras y por la manera en que se administran los recursos públicos.