La tragedia minera que sacudió a Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, dejó 14 personas muertas, 12 de ellas mujeres que trabajaban en la extracción artesanal de oro para sostener a sus familias. El desastre también dejó siete heridos y a varios hogares enfrentados a una pérdida irreparable.
La emergencia ocurrió en la vereda Chambergo, una zona rural de difícil acceso ubicada a orillas del río Iscuandé. Según las primeras explicaciones de las autoridades, el aumento del nivel del río habría provocado la entrada de agua a los socavones y el posterior colapso de la estructura subterránea, sorprendiendo a quienes adelantaban labores de extracción.
Gabriel Ocaña, director de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, explicó que la creciente habría desencadenado el derrumbe. “Por crecida del río, el agua se entró y generó esta caída de la bóveda de los socavones que ellos hicieron”, señaló al referirse a las posibles causas de la emergencia.
Sin embargo, detrás del balance de víctimas hay una tragedia familiar que golpea con especial fuerza a la comunidad. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, confirmó que las 12 mujeres fallecidas eran madres cabeza de hogar y que varias de las víctimas pertenecían a un mismo núcleo familiar. Sus muertes dejan a hijos y otros familiares en medio de la incertidumbre económica y emocional.
Ante esta situación, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía adelantan un censo para establecer las condiciones de los hogares afectados e identificar las necesidades de los niños y demás familiares que quedaron sin el apoyo de las mujeres fallecidas. El mandatario departamental advirtió sobre la complejidad del panorama humanitario y familiar que enfrenta la comunidad tras la tragedia.
Las labores de búsqueda y recuperación de los cuerpos finalizaron, de acuerdo con la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres. Entre tanto, los siete heridos reciben atención médica en distintos municipios del departamento; algunos tuvieron que ser trasladados a Pasto, mientras las autoridades continúan evaluando las consecuencias de la emergencia.
La atención estuvo marcada por las dificultades geográficas de la zona. Desde la cabecera municipal de Santa Bárbara de Iscuandé, el recorrido hasta el lugar del derrumbe toma cerca de una hora y media por río, mientras que desde Tumaco el desplazamiento en embarcación puede tardar alrededor de seis horas. La ausencia de vías terrestres complicó el acceso de los organismos de socorro, habitantes del sector y miembros de la Defensa Civil que participaron en las operaciones.
La Oficina de ONU Derechos Humanos en Colombia lamentó especialmente la muerte de las 12 mujeres y llamó a fortalecer las medidas de prevención y protección para quienes trabajan en estas explotaciones mineras. La tragedia vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan las comunidades que dependen de la minería artesanal y la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en estas actividades.
En Santa Bárbara de Iscuandé, el saldo de la emergencia va más allá de las cifras oficiales: son familias que perdieron a sus seres queridos y niños que deberán afrontar la ausencia de sus madres. Mientras la comunidad intenta asimilar lo ocurrido, las autoridades buscan dimensionar las necesidades de los hogares afectados y determinar qué apoyo requerirán en los próximos meses.