Con el propósito de
permitir el normal funcionamiento de la administración departamental, el
gobierno ofreció en garantía bienes inmuebles avaluados en la suma de $22.000
millones de pesos, que permitan liberar las cuentas del departamento que
actualmente se encuentran embargadas por el pago de primas a docentes.
La solicitud se presentó ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito y
hace parte de una estrategia jurídica para permitir que el departamento pague
los compromisos que a diario le corresponden y garantizar la prestación de los
servicios públicos con la habilitación de las cuentas y el parqueo automotor
del gobierno local.
Gustavo Adolfo García Botero, asesor jurídico de la secretaría de Educación del
Quindío explicó que los bienes inmuebles que se ofrecen como garantía son
bienes fiscales donde se desarrollan actividades públicas y al solicitar la
activación de la medida, los mismos quedarían congelados dentro del proceso
judicial esperando los resultados correspondientes.
“La administración, al tener la titularidad de los bienes, puede solicitar como
medida preventiva la sustitución y el cambio de garantía, no quiere eso decir
que el departamento vaya a perder los bienes inmuebles, lo que se hace es
garantizar de manera transitoria en desarrollo de un proceso judicial que en su
momento tendrá una decisión”, explicó García Botero.
Dijo que una vez el juzgado determine el saldo a pagar será el mismo departamento
el que deberá proveer esa obligación bien sea con fuente de financiación de
orden nacional o territorial, dejando la claridad que se deberá adelantar un
proceso judicial para obtener la reparación que le cause un eventual daño de la
Nación ante la falta de provisión de recursos que se requiere para el pago de
esa deuda.
Gustavo Adolfo García Botero, asesor del despacho del gobernador, recordó que
desde el 18 de abril del 2018 se obtuvo la validación y certificación de la
deuda a los docentes por parte del Ministerio de Educación Nacional en una suma
superior a los $15.500 millones de pesos, de tal manera que después de esa
validación se ha prestado el pago con cargo a esos recursos, con lo que hasta
el momento ha pagado más de 700 sentencias adeudando 482 al día de hoy.
“El Departamento del Quindío ha establecido una acción popular en contra de los
ministerios de Educación y Hacienda, que se encuentra en curso y esperando la
fijación de una audiencia para pacto de cumplimiento. A día de hoy MinHacienda
ha hecho unas observaciones que no han permitido el trámite de ese recurso para
poder pagar de manera integral dicha obligación. Por lo cual, tanto
MinEducación como MinHacienda, se han enfrascado en una discusión frente a la
validación de ese saldo restante”, explicó García Botero.
Ante esto, la firma de abogados que respalda a los decentes: López Quintero, Abogados y Asociados expresó que las actuaciones jurídicas tomadas por parte de la gobernación departamental corresponden a una jugada que busca acabar con los bienes públicos para evadir la responsabilidad económica que se tiene con los docentes. Por ende, se aseguró que no permitirán que el gobernador finalice su periodo sin cumplirle a la educación y sin los bienes inmuebles que hace 50 años son del patrimonio de los quindianos.


