La Defensoría del Pueblo propuso fijar límites al uso de las redes sociales para proteger los derechos de los ciudadanos, sin afectar el derecho a la libertad de expresión y opinión inherente a dichos medios.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, consideró que “no se puede confundir el derecho a la opinión con afirmaciones que expongan a ciudadanos como las víctimas del conflicto”.
El pronunciamiento se dio luego de conocerse la petición para que la Corte Suprema de Justicia investigue el caso de la representante María Fernanda Cabal, por los trinos en contra de Ángela Giraldo.
Otálora manifestó que “una cosa es emitir opiniones y otra muy diferente hacer afirmaciones que expongan a la otra persona, máxime cuando se trata de sujetos de especial protección, como ocurre en el caso de las víctimas que integran las delegaciones que viajan a La Habana en representación de los más de 6 millones y medio de colombianos afectados por el conflicto”.
Considera que hay una gran diferencia entre emitir opiniones y relacionar a una persona con miembros de grupos al margen de la ley, como sucedió con el trino de la congresista, situación que podría significar un riesgo para las víctimas.
Afirma que las víctimas le han manifestado a la Defensoría del Pueblo en otros escenarios y momentos, que no pueden ser revictimizadas ni estigmatizadas, y por el contrario merecen un reconocimiento como luchadoras por la paz.
Adicionalmente, dijo que le solicitará al Alto Tribunal un pronunciamiento que determine parámetros de distinción entre el derecho a opinar y las afirmaciones que exponen a otros ciudadanos.
Finalmente, reiteró el compromiso del organismo para acompañar permanente e incondicionalmente a las víctimas del conflicto, e insistió en la responsabilidad histórica de los actores armados para contribuir con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, a fin de satisfacer los derechos de estas personas y de sus familias.
