Cuatro menores de edad, entre los 2 y 6 años, resultaron gravemente heridos este 19 de abril luego de caer en un campo minado mientras jugaban en la vereda La Laguna, en el municipio de Olaya Herrera (Nariño).
De acuerdo con información del Ejército Nacional, el artefacto explosivo se activó tras el contacto de los niños con la zona minada, dejando a tres de ellos con lesiones de gravedad en sus extremidades inferiores. Las autoridades indicaron que los menores se encuentran bajo observación médica, aunque el estado de salud de todos aún es reservado.
Ante la emergencia, tropas de la Fuerza de Tarea Hércules realizaron una operación de evacuación aérea en la que fueron trasladados los cuatro menores, un familiar y un médico hacia el hospital de San Andrés de Tumaco, donde actualmente reciben atención especializada.
Fuentes militares señalaron que, debido a la gravedad de las heridas, a tres de los niños podría serles amputado uno de sus pies. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un parte médico definitivo sobre su evolución.
El Ejército atribuyó la instalación del campo minado a la estructura Alfonso Cano, perteneciente a la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), bajo el mando de Walter Mendoza. La institución rechazó el hecho y lo calificó como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al afectar directamente a población civil, especialmente a menores de edad.
“Rechazamos el atroz accionar de grupos armados ilegales, quienes provocaron graves heridas a cuatro menores mientras jugaban en zona rural de Olaya Herrera”, señaló la institución en un pronunciamiento.
Este caso se suma a la preocupación de las autoridades por la persistencia de minas antipersonal en zonas rurales del país, especialmente en departamentos como Nariño, uno de los más afectados históricamente por este tipo de artefactos explosivos.
El Ejército hizo un llamado a organismos internacionales y defensores de derechos humanos para condenar estos hechos y reiteró la necesidad de avanzar en acciones que permitan la protección de la población civil frente a la presencia de estos artefactos en zonas habitadas.
