La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación advirtieron sobre la crítica situación que atraviesan las personas privadas de la libertad (PPL) en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) Peñas Blancas, en Calarcá, Quindío.
Mediante una alerta pública, ambas entidades del Ministerio Público denunciaron una grave vulneración de derechos fundamentales, particularmente el derecho a la salud, en medio de una crisis que refleja el estado de cosas inconstitucional ya declarado por la Corte Constitucional en varias sentencias (T-388/13, T-762/15, SU122/22).
Una visita de verificación “in situ” evidenció la ausencia total de personal médico en el centro penitenciario desde mediados de marzo, lo que ha generado un represamiento de procedimientos urgentes y el agravamiento de enfermedades entre la población reclusa. Esta situación ha llevado a los internos a manifestar su disposición a iniciar huelgas y posibles motines.
Además, el centro presenta un alarmante nivel de hacinamiento: alberga 1.194 internos, pese a tener capacidad solo para 950. La sobrepoblación ha intensificado problemas de salubridad y escasez de agua potable, especialmente en el Patio 5A, donde permanecen adultos mayores, personas LGBTIQ+ y pacientes con enfermedades de alto costo. Allí, los internos deben recurrir a un pozo antiguo para abastecerse de agua.
Ante la gravedad del panorama, el Ministerio Público emitió una serie de recomendaciones urgentes:
-Al Inpec: Suspender el ingreso de nuevos reclusos al EPC Calarcá hasta garantizar condiciones mínimas de atención médica. Se advierte que el EPC Armenia ya enfrenta cierres parciales por brotes de varicela.
-Al Fondo de Atención en Salud PPL y Medisalud UT: Asignar con urgencia personal médico y de enfermería, incluyendo el traslado temporal de profesionales desde otros establecimientos.
-A las Secretarías de Salud Departamental y Municipal: Organizar brigadas integrales de salud para atender casos prioritarios y mitigar la crisis.
-A la Gobernación del Quindío: Convocar con urgencia al Comité Penitenciario y Carcelario para abordar las consecuencias de un posible cierre parcial del centro.
-A todas las autoridades competentes: Garantizar una atención en salud oportuna, articulada y continua para esta población sujeta a especial protección constitucional.
La Procuraduría y la Defensoría concluyeron que la falta de atención médica y la ausencia de contratos oportunos constituyen un trato cruel, inhumano y degradante. Por ello, reiteraron el llamado urgente a las autoridades para responder a esta crisis y proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
