La Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del nuevo Código Electoral, una reforma impulsada por el exregistrador general Alexander Vega. Este proyecto de ley estatutaria, que pretendía modernizar las normas electorales del país, fue nuevamente rechazado por el alto tribunal debido a múltiples vicios de procedimiento durante su trámite en el Congreso.
Es la segunda vez que una iniciativa liderada por Vega fracasa en la Corte Constitucional. En esta ocasión, el tribunal fue unánime en su decisión, con la ponencia a cargo de los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo. La Corte identificó varios errores en la formación del proyecto, entre ellos, la falta de un análisis de impacto fiscal, la ausencia de consulta previa en algunos artículos, y la elusión del debate legislativo, factores que fueron determinantes para declarar la inconstitucionalidad de la ley.
El proyecto de reforma al Código Electoral, aprobado por el Congreso, introducía importantes cambios como la ley de cuotas de género, la inclusión de nuevas tecnologías para la votación, la ampliación del horario electoral y el registro civil para comunidades étnicas. Sin embargo, la Corte criticó que, aunque el Ministerio de Hacienda realizó una evaluación superficial de los costos, esto no cumplió con los requisitos para un análisis de impacto fiscal detallado, necesario para una ley estatutaria.
La decisión de la Corte destacó la importancia de un proceso legislativo riguroso, especialmente en reformas que afectan la estructura electoral del país. En su fallo, la Corte recordó que ya en 2020 un código similar fue rechazado por razones similares, señalando que no hubo una deliberación real ni un análisis fiscal adecuado.
El nuevo Código Electoral, compuesto por 277 artículos, proponía innovaciones como el voto electrónico mixto, la extensión de las jornadas electorales hasta las 5:00 p.m., la actualización del censo electoral, y la eliminación de la inscripción de cédulas. Además, otorgaba amplios poderes al registrador para nombrar cargos directivos y establecía que los procesos electorales y de identificación se consideraran de seguridad y defensa nacional.
El fallo de la Corte supone un nuevo revés para la reforma electoral, dejando en suspenso los cambios propuestos y obligando al Congreso a revisar nuevamente el proceso para corregir los errores de trámite señalados por el tribunal.
