La Contraloría General de Antioquia ordenó, como medida cautelar, el embargo de dos inmuebles del exgobernador de Antioquia y hoy precandidato presidencial, Sergio Fajardo, así como otros dos de su exsecretario de Gobierno, Santiago Londoño Uribe.
La medida tomada por el órgano de control hace parte de un proceso de responsabilidad fiscal en el que está involucrado Fajardo por posibles sobrecostos en la construcción de estaciones de Policía en municipios de Antioquia.
Los dos inmuebles embargados a Fajardo están ubicados en Anapoima, Cundinamarca, y los de Londoño en el Poblado, en Medellín.
“Decisión con fines políticos”
Luego de conocerse la medida adoptada por la Contraloría, los implicados emitieron un comunicado rechazando la manera como se dio a conocer la decisión y que la misma se use con fines políticos.
“Nos parece sorprendente por varios motivos. El proceso que está en curso es verbal y por ley todas estas actuaciones se tienen que notificar en forma personal y esto no ha sucedido. Nos parece curioso que un documento fechado el 18 de julio, según lo que informan los medios, apenas sale a la luz precisamente ahora”, manifestó Londoño.
Cabe recordar que hace unos días Fajardo oficializó una coalición con Claudia López, de la Alianza Verde, y Jorge Robledo, del Polo Democrático, con miras a participar en las elecciones presidenciales y congresionales del próximo año.
La medida cautelar, explicó Londoño, se da por una investigación que la entidad está adelantando sobre la construcción de seis estaciones de Policía durante la administración del exgobernador, pero dice: “Hemos explicado claramente nuestra actuación en la construcción de 6 estaciones de Policía y hemos demostrado que el metro cuadrado de estas fue más barato que el que se registró en el resto del país durante 2012-2015”.
Lo que sí pide Londoño, es que la Contraloría de Antioquia investigue la filtración “malintencionada” y reclamaron las garantías necesarias en el proceso. “Rechazamos que se use este tipo de información irregular para afectar la reputación de Sergio Fajardo”.
Y agrega: “Hemos respondido y responderemos siempre. Conocemos muy bien cómo utilizan estas filtraciones, violando el debido proceso y las mínimas garantías que se deben respetar en un juicio, con clara intención de hacer daño político. Conocemos también los resultados de todo esto. Por eso hoy en Colombia vivimos la crisis más profunda de credibilidad en las instituciones del Estado”.
El proceso de responsabilidad fiscal contra la Secretaría de Gobierno que adelanta la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal es por un valor de $1.902.989,57.
