El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que derogaba la prima especial de aproximadamente 18 millones de pesos para los congresistas, beneficio contemplado en la Ley 4 de 1992.
La decisión fue adoptada mientras la alta corporación estudia una demanda de nulidad presentada contra el decreto, por lo que la medida cautelar deja sin efectos, por ahora, la eliminación de ese componente salarial.
El conjuez ponente Héctor Santaella Quintero argumentó que existen suficientes elementos para considerar que el decreto podría vulnerar principios constitucionales y legales, razón por la cual ordenó suspender provisionalmente su aplicación hasta que se emita un fallo de fondo.
En el auto, el Consejo de Estado señala que, tras un análisis preliminar, se evidencian posibles infracciones a normas constitucionales y advierte que la medida podría generar un trato desigual entre funcionarios que desempeñan las mismas funciones dentro del Estado.
La decisión también impacta a otros altos funcionarios
Aunque el decreto estaba dirigido a eliminar la prima especial para los congresistas que se vincularan al Legislativo a partir del 20 de julio de 2026, el Consejo de Estado consideró que sus efectos se extenderían a otros servidores públicos cuyos salarios están ligados al régimen salarial de los parlamentarios.
Entre ellos se encuentran funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional, cuyos ingresos se rigen por la misma normativa salarial.
Según la providencia, esta situación podría vulnerar el principio constitucional de “a igual trabajo, igual salario”, además de desconocer las garantías establecidas en la Ley 270 de 1996, que reconoce el derecho de los servidores judiciales a una remuneración acorde con sus funciones y la dignidad del cargo.
El alto tribunal advirtió además que la derogatoria produciría un “efecto cascada”, debido a que las modificaciones salariales para los congresistas repercutirían en numerosos organismos del Estado.
Prima seguirá vigente mientras se resuelve la demanda
Con la suspensión provisional, tanto los congresistas que actualmente ejercen sus funciones como quienes ingresen al Congreso después del 20 de julio de 2026 continuarán recibiendo la prima especial en las mismas condiciones, mientras el Consejo de Estado decide si el decreto es legal o debe ser anulado definitivamente.
La Sala de Conjueces señaló que la medida busca evitar la existencia de servidores públicos de “primera” y “segunda” categoría dentro del Estado mientras avanza el proceso judicial.
Gobierno buscaba un ahorro de $62.000 millones al año
El Gobierno Nacional había sustentado la eliminación de este beneficio con el argumento de generar un ahorro cercano a 62.000 millones de pesos anuales para las finanzas públicas.
Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que la decisión adoptada corresponde únicamente a una medida cautelar y que no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del decreto, asunto que será resuelto cuando concluya el estudio de fondo de las demandas presentadas.
Actualmente, el decreto enfrenta seis demandas de nulidad ante la alta corporación, cuyos demandantes sostienen que el Ejecutivo no tenía competencia para modificar ese componente salarial y que la decisión podría afectar los derechos adquiridos de otros altos funcionarios del Estado.
En consecuencia, la derogatoria de la prima especial queda suspendida y continuará sin aplicarse hasta que el Consejo de Estado emita una sentencia definitiva sobre la validez del decreto.
