La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Tatiana Cabello Flórez Martínez, exrepresentante a la Cámara por el partido Centro Democrático, a 12 años de prisión tras encontrarla responsable del delito de concusión en la modalidad continuada y en concurso homogéneo, por exigir durante varios años parte del salario a cinco mujeres que integraban su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
La decisión, emitida el 3 de julio, establece que la excongresista abusó de su investidura para imponer un sistema de cobros ilegales a sus colaboradoras entre 2014 y 2018, condicionando su permanencia en el cargo a la entrega periódica de dinero.
Según la sentencia, Cabello solicitó de manera directa o por interpuesta persona pagos mensuales a Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes, quienes debían devolver un porcentaje de sus salarios o asumir gastos que correspondían al funcionamiento de la oficina e incluso obligaciones personales de la entonces congresista.
“Cuando solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento”, señala la sentencia.
La investigación adelantada por la Corte determinó que la exparlamentaria implementó distintos mecanismos para recibir el dinero y evitar dejar rastros. En algunos casos, las entregas se realizaban en efectivo dentro de su oficina; en otros, mediante consignaciones a cuentas de terceros, entre ellos colaboradores cercanos y hasta su conductor, quien posteriormente le hacía llegar los recursos.
Los magistrados también establecieron que la excongresista utilizó una supuesta “caja menor” para justificar los cobros. Bajo esa figura, los integrantes de la UTL debían pagar con su propio dinero gastos como papelería, café, almuerzos, telefonía móvil, mobiliario e incluso obligaciones personales de Cabello, entre ellas el trámite de su visa y pagos relacionados con su tarjeta de crédito.
La sentencia además revela que existía una estructura organizada para controlar los pagos. Una colaboradora cumplía funciones de coordinadora, encargándose de recordar a los funcionarios las sumas que debían entregar y llevar un registro detallado de los aportes exigidos. Incluso, en una ocasión, la exrepresentante hizo firmar acuerdos de confidencialidad a algunos integrantes de su equipo para mantener en reserva lo que ocurría al interior de la UTL.
Como parte del proceso judicial, la Corte encontró pruebas documentales, testimonios, conversaciones por chat, correos electrónicos y extractos bancarios que evidenciaron el esquema de cobros irregulares.
Además de la pena de 144 meses de prisión, equivalente a 12 años, la excongresista fue condenada al pago de una multa de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, deberá indemnizar a las cinco víctimas por los perjuicios ocasionados y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante más de nueve años.
La Corte también negó la suspensión condicional de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria, por lo que ordenó que, una vez la sentencia quede en firme, se expida la orden de captura para que cumpla la condena en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Adicionalmente, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Tatiana Cabello por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenaza.
Durante las audiencias, la excongresista no aceptó los cargos. Sin embargo, para la Corte quedó demostrado que utilizó su posición como representante a la Cámara para obtener beneficios económicos indebidos, afectando la confianza en la función pública y causando un grave detrimento a la administración del Congreso de la República.
