En el marco de la audiencia bilateral con el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, Gehad Madi, la Defensoría del Pueblo de Colombia presentó un informe detallado sobre la situación migratoria en el país. El balance evidencia la creciente crisis en la frontera colombo-panameña y las dificultades que enfrentan los migrantes venezolanos en tránsito por el territorio nacional.
Según el monitoreo de la entidad, en 2024 se registró el paso de 400.612 personas migrantes por la región del Urabá Darién, siendo la mayoría de nacionalidad venezolana (302.185), seguidos de ecuatorianos (22.785), colombianos (17.529), haitianos (17.329), chinos (12.214) e indios (6.927). Del total de migrantes, 126.151 son mujeres, 195.369 hombres y 72.092 corresponden a niños, niñas y adolescentes, una población altamente vulnerable.
Colombia, el mayor receptor de migrantes venezolanos
Colombia sigue siendo el principal país de acogida para la población venezolana, con 2.808.165 personas registradas, de las cuales 1.979.452 cuentan con Permiso por Protección Temporal (PPT). En los primeros 15 días de enero de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 6.921 personas en tránsito por la frontera con Venezuela, de las cuales 5.851 son venezolanas. Sin embargo, esta cifra representa una disminución del 30% en comparación con el mismo periodo de 2024.
A pesar de esta reducción, la entidad insistió en la necesidad de mayor cooperación internacional para abordar las causas estructurales de la migración forzada y garantizar una respuesta efectiva a la población en situación de vulnerabilidad.
Riesgos y crisis humanitaria en la frontera
La Defensoría alertó sobre las graves amenazas que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes en su tránsito por el Darién, especialmente por el riesgo de violencia sexual y de género. También advirtió sobre fallas en los mecanismos de verificación del parentesco de menores con adultos acompañantes, lo que aumenta el peligro de trata de personas y explotación infantil.
Otro factor preocupante es la devolución de migrantes por parte del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (SENAFRONT), lo que ha obligado a muchas personas a buscar rutas más peligrosas. A esto se suma el Decreto 194 de 2024 en Panamá, que impone sanciones a quienes ingresen irregularmente desde Colombia, lo que podría agravar aún más la crisis humanitaria.
Acciones y recomendaciones para atender la crisis
Ante este panorama, la Defensoría ha fortalecido su labor de protección con acciones como:
- Monitoreo y acompañamiento a migrantes en frontera.
- Atención y activación de rutas de acceso a derechos en salud, educación y refugio.
- Cooperación con la Defensoría del Pueblo de Panamá y organismos internacionales.
- Creación de la Casa de los Derechos en Necoclí, para brindar información y asistencia a migrantes.
En su informe al Relator de la ONU, la Defensoría instó a los Estados a fortalecer las estrategias de prevención y protección para migrantes, con especial énfasis en niñez no acompañada, mujeres y población LGBTIQ+.
