En una decisión calificada como histórica para la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que busca prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia. Con la aprobación en la plenaria del Senado, la iniciativa superó su último debate legislativo y quedó a la espera de la sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley de la República.
La nueva normativa, denominada “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina”, convierte a Colombia en el primer país de América Latina en contar con una legislación específica para combatir esta práctica, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
La ley establece la creación de una política pública integral orientada a prevenir nuevos casos, identificar y registrar a las víctimas, fortalecer las rutas de atención médica, psicológica y social, y mejorar la articulación entre las entidades estatales para responder de manera oportuna ante situaciones de riesgo, especialmente cuando involucran a menores de edad.
Durante el trámite legislativo, uno de los datos que más preocupación generó entre congresistas y organizaciones defensoras de derechos humanos fue que más del 50 % de los casos registrados corresponden a niñas entre los cero y cinco años de edad. Además, según cifras del sistema de salud, entre 2020 y 2025 se reportaron al menos 204 casos de mutilación genital femenina en el país, de los cuales 177 afectaron a niñas indígenas, principalmente en los departamentos de Risaralda y Chocó.
Aunque las cifras muestran una tendencia a la disminución -91 casos reportados en 2023, 54 en 2024 y 39 durante 2025-, las impulsoras de la iniciativa advierten que podría existir un importante subregistro debido al temor de denunciar y a la falta de mecanismos institucionales unificados para la identificación de casos.
La mutilación genital femenina, también conocida como ablación, comprende procedimientos que alteran, lesionan o extirpan parcial o totalmente los genitales externos femeninos por razones no médicas. Las consecuencias pueden ser devastadoras, incluyendo hemorragias severas, infecciones, dolor extremo, complicaciones durante el embarazo y el parto, afectaciones psicológicas permanentes e incluso la muerte.
La iniciativa, identificada como el Proyecto de Ley 440 de 2025 Senado, acumulado con el Proyecto 239 de 2024 Cámara, fue impulsada por las congresistas Jennifer Pedraza, Alexandra Vázquez, Carolina Giraldo y la senadora Angélica Lozano. Su construcción incluyó un proceso de diálogo intercultural y concertación con representantes de la nación Embera, una de las comunidades que ha participado activamente en las discusiones para enfrentar esta problemática desde una perspectiva de derechos y respeto cultural.
Durante el debate legislativo también se destacó la necesidad de fortalecer los procesos pedagógicos y de sensibilización en las comunidades para evitar que la práctica continúe transmitiéndose de generación en generación.
Tras conocerse la aprobación definitiva del proyecto, la representante Jennifer Pedraza celebró la decisión del Congreso y destacó el papel de las lideresas indígenas en la construcción de la ley.
“Cuando este proyecto estuvo a punto de hundirse, insistimos hasta el último día. Porque dejarlo caer habría sido fallarle a las niñas de Colombia, a las mujeres de la comunidad Embera y a las lideresas indígenas que trabajaron con nosotras y que son las verdaderas protagonistas de esta ley”, afirmó la congresista.
Con la aprobación del Congreso, el proyecto queda ahora a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro. Una vez sancionada la ley, las entidades nacionales y territoriales deberán avanzar en la implementación de las acciones previstas para garantizar la prevención, atención y erradicación definitiva de la mutilación genital femenina en todo el territorio colombiano.
