Sandra Mercedes Herrera, directora jurídica de Armenia, señaló que el cobro de valorización es completamente legal y está sustentado en actos administrativos basados en los acuerdos emitidos por el Concejo, por tal razón la administración municipal está en la obligación de aplicar dichos actos y los ciudadanos deben continuar con el pago de lo aprobado.
Herrera expresó que ante la suspensión de la obras se podría decretar la caducidad del contrato. “Nosotros aspiramos a hacer la citación al contratista la otra semana, ahora dependemos de unos informes técnicos de la interventoría y de la secretaría de infraestructura. No sabemos cuanto tiempo esté el alcalde encargado, pero es probable que en la administración de él empecemos las audiencias, aunque eso es un tramite administrativo largo en el cual el contratista tiene derecho a presentar sus argumentos de defensa para finalmente tomar una decisión”, dijo.
La alcaldía de Armenia señaló que las pólizas amparan la totalidad de los dineros entregados al contratista y que en este momento hay dos contratos que tienen sin amortizar un anticipo de $1.050 millones y $20.500 millones.
Por lo que a través de estas pólizas, el municipio entraría a recuperar estos dineros a través de las garantías que amparan el anticipo y en materia de incumplimiento harían efectivamente el acuerdo al perjuicio que demuestre que se generó los retrasos por parte del contratista en la ejecución de las obras.
