El Senado de Chile aprobó una reforma migratoria que busca agilizar la expulsión de extranjeros con órdenes administrativas vigentes y que permitirá a la Policía de Investigaciones (PDI) ingresar a domicilios para detenerlos, siempre que cuente con autorización judicial. La iniciativa recibió 37 votos a favor y una abstención, tras la revisión de una comisión mixta del Congreso.
La normativa busca superar las dificultades que enfrentaban las autoridades para localizar y ejecutar las expulsiones administrativas. Entre sus principales disposiciones, establece que la PDI podrá solicitar a un juez de garantía autorización para ingresar al inmueble donde se encuentre una persona con una orden de expulsión firme. El magistrado deberá resolver la petición en un plazo máximo de 24 horas.
El proyecto también contempla la colaboración de organismos públicos, que podrán ser requeridos para entregar información que facilite la ubicación de extranjeros en situación migratoria irregular y la notificación de las medidas administrativas correspondientes.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió la reforma y destacó su importancia para hacer efectivas las decisiones de expulsión. Según explicó, las modificaciones buscan agilizar los procedimientos, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la capacidad del Estado para ejecutar las resoluciones administrativas.
La iniciativa, presentada originalmente en 2024 durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, fue retomada por la administración del actual mandatario, José Antonio Kast, quien asumió la Presidencia en marzo. El texto había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputadas y Diputados y recibió modificaciones durante su paso por la comisión mixta antes de llegar a la votación final del Senado.
Entre los demás cambios se encuentra el aumento de tres a cinco años del plazo mínimo de prohibición de ingreso a Chile en determinados casos. La reforma también incorpora mecanismos para agilizar la expulsión de extranjeros en situación irregular que afronten ciertos procesos penales, siempre bajo las condiciones y autorizaciones judiciales previstas en la normativa.
Las medidas se enmarcan en la política migratoria impulsada por Kast, quien ha planteado como uno de sus objetivos la expulsión de más de 330.000 migrantes que, según estimaciones citadas en el debate público chileno, permanecen en el país sin regularizar su situación. Además, distintos reportes señalan que decenas de miles de órdenes de expulsión continúan pendientes de ejecución.