La investigación sobre el presunto caso de abuso sexual infantil que generó conmoción nacional el pasado fin de semana en el barrio Chicó Navarra, al norte de Bogotá (Colombia), tomó un giro inesperado luego de que los primeros dictámenes médicos y forenses descartaran evidencias de violencia sexual contra los tres menores encontrados en el apartamento donde fue capturado un ciudadano estadounidense. Las autoridades continúan analizando el caso mientras avanzan las diligencias judiciales y de protección de los niños involucrados.
El caso se presentó el domingo 14 de junio cuando residentes del sector grabaron un video desde un edificio cercano en el que se observaba a un hombre junto a un niño en el balcón de un apartamento del edificio Niido, ubicado en la localidad de Usaquén. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y motivaron la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Procuraduría General. En el lugar fueron encontrados tres hermanos de 4, 7 y 15 años, quienes fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial para su valoración integral.
Sin embargo, los resultados preliminares de los exámenes practicados en el Hospital Simón Bolívar y los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal no evidenciaron signos físicos o biológicos de abuso sexual. A esto se suma el testimonio del menor de 7 años, quien durante las entrevistas forenses explicó las circunstancias que originaron la escena observada desde el exterior.
Según indicó el presidente de la República, Gustavo Petro, las imágenes habrían sido interpretadas erróneamente y el ciudadano estadounidense, identificado como Gail Grant, habría sacado al niño al balcón para atender una emergencia relacionada con un atoramiento mientras comía.
El ICBF informó además que los menores se encontraban en proceso legal de adopción internacional por parte de Grant y su pareja sentimental. La entidad recordó que los hermanos ingresaron al sistema de protección en 2022 y posteriormente fueron declarados en condición de adoptabilidad, decisión que fue avalada por un juez competente.
En este sentido, los niños permanecen bajo custodia estatal en un hogar de protección y reciben acompañamiento psicológico especializado, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar si existen elementos suficientes para sostener las acusaciones iniciales o si, por el contrario, el expediente deberá ser archivado a la luz de las pruebas científicas y testimoniales recopiladas hasta el momento.
