El procurador general de la Nación está preocupado por el proceso del caso Colmenares
EL procurador general de la Nación, se encuentra preocupado por el proceso del caso Colmenares, esto a raíz de la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que ordenó ajustar y adoptar medidas de descongestión en la rama judicial.
El jefe del ministerio público, Alejandro Ordóñez, elevó una petición al Tribunal Superior de Bogotá que en atención a los procesos que tienen toda la connotación e impacto social y que ameritan una respuesta oportuna del Estado, se diera prelación en la designación de los nuevos jueces de descongestión que venían conociendo de las actuaciones, como el del juzgado 11 Penal del Circuito Adjunto, en el que se tramita el proceso que investiga la muerte de Luís Andrés Colmenares.
Esto a raíz de la decisión del pasado 31 de julio en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió ajustar y adoptar medidas de descongestión en la rama judicial suprimiendo a partir del 1 de agosto del presente año todos los jueces adjuntos de las distintas jurisdicciones y especialidades, y creando, entre otros, para la ciudad de Bogotá, dos juzgados de descongestión que asumirán la carga de los suprimidos.
Para el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, esta solicitud se presenta sin perjuicio de la aplicación de las políticas generales que en materia de descongestión tiene establecida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Vale la pena recordar que el proceso conocido como caso Colmenares, en el que se encuentran acusadas Laura Moreno y Jessy Quintero, se tiene programada para el próximo 14 de agosto la continuación de la audiencia preparatoria, quedando pendiente únicamente la decisión sobre las pruebas solicitadas por las partes y las oposiciones a las mismas, además de los eventuales recursos que pudieran interponerse contra las mismas.
Para el Ministerio Público, la terminación de la medida de descongestión adoptada para el juzgado 11 Penal del Circuito Adjunto genera un traumatismo para la administración de justicia, así como en los otros 305 procesos que allí se tramitan en detrimento de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la justicia. Teniendo en cuenta que el pasado 31 de julio la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió ajustar y adoptar medidas de descongestión en la rama judicial suprimiendo a partir del 1 de agosto del presente año todos los jueces adjuntos de las distintas jurisdicciones y especialidades, y creando, entre otros, para la ciudad de Bogotá, dos juzgados de descongestión que asumirán la carga de los suprimidos.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que en atención a los hechos que se juzgan, que tienen toda la connotación e impacto social y que ameritan una respuesta oportuna del Estado, se diera prelación en la designación de los nuevos jueces de descongestión que venían conociendo de las actuaciones, como el del juzgado 11 Penal del Circuito Adjunto, en el que se tramita el proceso que investiga la muerte de Luís Andrés Colmenares.
Para el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, esta solicitud se presenta sin perjuicio de la aplicación de las políticas generales que en materia de descongestión tiene establecida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Vale la pena recordar que el proceso conocido como caso Colmenares, en el que se encuentran acusadas Laura Moreno y Jessy Quintero, se tiene programada para el próximo 14 de agosto la continuación de la audiencia preparatoria, quedando pendiente únicamente la decisión sobre las pruebas solicitadas por las partes y las oposiciones a las mismas, además de los eventuales recursos que pudieran interponerse contra las mismas.
Para el Ministerio Público, la terminación de la medida de descongestión adoptada para el juzgado 11 Penal del Circuito Adjunto genera un traumatismo para la administración de justicia, así como en los otros 305 procesos que allí se tramitan en detrimento de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la justicia.
Fuente: Noticiero de la F.M
