Una carta firmada por Javier Pava Sánchez, entonces director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), abrió un fuerte debate sobre la respuesta del Estado frente a la emergencia provocada por el terremoto.
El documento, fechado el 11 de agosto de 2026 y dirigido al nuevo canciller, Omar Bula Escobar, recomienda no solicitar ni activar, en esa etapa, el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate, conocidos como USAR.
En la comunicación, Pava señala que “en esta etapa considera que NO es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate (USAR)”.
La posición de la entidad se sustentaba en que Colombia contaba, según su evaluación, con capacidades nacionales suficientes para atender la emergencia.
La carta también establece una condición para recurrir a ayuda extranjera. De acuerdo con el documento, solamente si las capacidades nacionales fueran superadas se podría solicitar apoyo internacional y, además, este tendría que provenir exclusivamente de equipos de búsqueda y rescate que contaran con la correspondiente certificación ante INSARAG.
La revelación generó cuestionamientos debido al momento en que fue emitida.
Pava ocupaba la dirección encargada de la UNGRD durante la transición hacia el nuevo Gobierno, después de haber sido designado en la recta final de la administración de Gustavo Petro.
Uno de los aspectos que más inquietud ha provocado es que una determinación relacionada directamente con la atención de una emergencia de gran magnitud haya sido comunicada a la nueva administración mientras se producía el cambio de Gobierno. Para algunos sectores, la decisión merece una explicación pública sobre los criterios técnicos utilizados para descartar, inicialmente, el apoyo internacional.
Sin embargo, hasta ahora no existe información que permita afirmar que la recomendación de Pava haya tenido como propósito sabotear al Gobierno entrante.
Esa hipótesis ha sido planteada en medio de la controversia, pero atribuir una motivación política requeriría pruebas que no aparecen en la información conocida sobre el caso.
Lo que sí está confirmado es que la carta recomendó no activar inicialmente equipos internacionales USAR y que, posteriormente, Pava fue relevado de su cargo por la nueva administración. El cambio se produjo en medio de los cuestionamientos sobre la estrategia de respuesta humanitaria frente a la emergencia.
La discusión adquiere especial importancia porque los equipos especializados de búsqueda y rescate cumplen una función crítica cuando existen personas atrapadas o desaparecidas tras un desastre. En este tipo de situaciones, las decisiones sobre cuándo ampliar las capacidades disponibles deben responder a criterios técnicos, coordinación institucional y una evaluación permanente de las necesidades en terreno.
Para regiones como el Quindío, históricamente conscientes de la amenaza sísmica, el episodio deja una reflexión que va más allá de la confrontación política: ante una tragedia, la prioridad debe ser preservar la vida y garantizar que todas las capacidades disponibles puedan movilizarse cuando sean necesarias. Mientras avanza el debate, quedan abiertas preguntas sobre la evaluación que llevó a la UNGRD a descartar inicialmente la ayuda internacional y sobre las decisiones adoptadas durante las primeras horas de la emergencia.
