Un reciente debate en la Asamblea del Quindío abordó la entrada en vigencia de la nueva ley que, a partir del primero de julio, obliga a los alcaldes a asumir la manutención de los retenidos transitorios. El tema ha generado alarma no solo por la carga económica que representaría para los municipios y el departamento, sino por la compleja situación de seguridad que enfrenta el centro penitenciario de Calarcá.
En este sentido, la cárcel de Peña Blancas, persisten hechos de inseguridad por el lanzamiento, al parecer, de drogas, teléfonos celulares y armas hacia los patios de reclusión, situación que ha motivado la solicitud de mayor presencia de las autoridades.
El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, se refirió a esta problemática y a la crisis estructural del sistema carcelario colombiano: “El sistema penitenciario colombiano tiene que ser reformado. Hoy vemos que las cárceles primero son inhumanas; las condiciones son perversas no solo en el departamento del Quindío sino en todo el país. Además, allí se siguen cometiendo delitos: desde las cárceles llaman a extorsionar, montan los ‘call center’ que generan pánico, manejan las ollas y dan órdenes de asesinato. Aquí hay que replantear todo este modelo”.
Pérez precisó que el hacinamiento en el Quindío ronda el 30%, mientras que a nivel nacional supera el 200% en el caso de sindicados, cuya manutención recaería en los entes territoriales de acuerdo con la Ley 2346. No obstante, el funcionario destacó que, de manera provisional, la Corte Constitucional emitió un auto que suspende temporalmente esta obligación, permitiendo que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) continúe asumiendo la alimentación de los detenidos.
“Esta carga es demasiado grande para el Quindío. Estamos hablando de 2.600 millones de pesos que cuesta la anualidad de cada persona sindicada, recursos que deberían invertirse en educación, deporte, cultura y recreación”, advirtió el secretario.
Sobre la duración de esta suspensión temporal, Pérez explicó: “ Está radicado un proyecto de ley con mensaje de urgencia por parte del Ministerio del Interior, apoyado por la Federación de Departamentos. Esta carga no la pueden dejar a municipios y departamentos. El Congreso deberá legislar y mantener esa responsabilidad en el INPEC y la USPEC”.
Frente a la inseguridad que se vive en Peña Blancas, Pérez señaló que la Policía Nacional mantiene operativos permanentes en Calarcá y enfatizó que este fenómeno no es nuevo: “Este flagelo no es de ahora. Hace años utilizaban drones para lanzar drogas a los pabellones y así abastecer los patios de reclusión. Estamos articulando acciones con el INPEC para contrarrestar esta situación y buscar soluciones de fondo”.
Las autoridades departamentales reiteraron su llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios y evitar que desde su interior se sigan gestando delitos que afectan a toda la comunidad.
