La captura de un contratista de la Gobernación del Quindío generó pronunciamiento por parte del secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez, quien entregó detalles sobre el caso y aclaró la relación contractual con el implicado.
Se trata de Osvaldo Tavera Benítez, detenido en medio de un operativo que hace parte de una investigación que se extendió durante aproximadamente dos años. En total, fueron capturadas 39 personas, de las cuales 35 tenían orden judicial vigente.
Las acciones se desarrollaron en los municipios de Armenia, Montenegro y Quimbaya, donde además las autoridades incautaron cerca de 17 armas de fuego, así como munición y sustancias estupefacientes.
De acuerdo con el secretario, Tavera Benítez mantenía un contrato de prestación de servicios profesionales con la administración departamental, el cual se encontraba en ejecución y se venía desarrollando conforme a las obligaciones establecidas. Precisó que, al momento de su vinculación, el contratista cumplió con todos los requisitos legales exigidos, incluida la verificación de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, sin que registrara anotaciones o inhabilidades.
“El Gobierno Departamental desconocía cualquier situación irregular relacionada con el contratista, incluso hasta el día anterior a su captura no presentaba registros que alertaran sobre este tipo de hechos”, indicó Pérez, quien reiteró que será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad.
El funcionario también señaló que actualmente se adelanta la audiencia de legalización de capturas y que la continuidad del contrato dependerá de las decisiones judiciales que se adopten.
Finalmente, Pérez indicó que, actualmente cuenta con cerca de 55 gestores de convivencia, en su mayoría conformados por veteranos y líderes sociales, además de un equipo interdisciplinario que trabaja en distintos sectores del departamento.
Según la administración, entre estos gestores se encontraba Osvaldo Tavera, quien es reconocido como líder social del barrio Santander y contaba con respaldo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con un esquema de seguridad asignado desde hace más de tres años por orden judicial.
El secretario del Interior explicó que la figura de gestor de convivencia tiene relevancia a nivel nacional y departamental, ya que busca promover ambientes de paz, convivencia y seguridad en las comunidades. Añadió que estos equipos realizan presencia en diferentes zonas del territorio con el fin de fortalecer la convivencia ciudadana y garantizar la integridad de los habitantes.
