La tensión entre comunidades rurales y grandes proyectos extractivos volvió a encenderse en el suroeste antioqueño. Once habitantes del municipio de Jericó han sido acusados formalmente por delitos como secuestro, hurto y lesiones personales, luego de participar en una manifestación contra las operaciones de la multinacional minera AngloGold Ashanti, que promueve el controvertido proyecto Quebradona.
Los hechos investigados por la Fiscalía ocurrieron en 2021, cuando un grupo de trabajadores de la empresa minera fue retenido temporalmente por campesinos que protestaban por el ingreso no autorizado de maquinaria a sus tierras. Aunque la defensa argumenta que se trató de un acto de resistencia pacífica y legítima defensa del territorio, los implicados enfrentan hoy un proceso judicial que preocupa a organizaciones de derechos humanos.
Para muchos, este caso representa un precedente preocupante sobre la criminalización de la protesta social y el derecho de las comunidades a decidir sobre el uso de sus recursos naturales. Las voces que se oponen al proyecto Quebradona advierten que la minería a gran escala amenaza los ecosistemas locales y el abastecimiento de agua en una zona clave para la producción agrícola.
El juicio ha generado una ola de solidaridad tanto a nivel nacional como internacional. Diversos colectivos ambientales, juristas y líderes sociales han exigido garantías procesales y el respeto al derecho a la defensa del territorio. “Los están castigando por defender el agua”, señaló una de las voceras del movimiento local.
Mientras continúa el proceso judicial, la comunidad de Jericó permanece dividida entre quienes respaldan el desarrollo económico que promete la minería y quienes temen por los impactos irreversibles sobre el ambiente y la vida campesina.
Este conflicto pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de consulta, participación y protección de los derechos humanos en contextos de alta conflictividad socioambiental en Colombia.
