En los últimos días, a través de distintas redes sociales, ha circulado una presunta denuncia que involucra al exsecretario de Agricultura del Quindío, Bryant Steven Naranjo Raigoza, aparentemente, por abuso de confianza señalado por particulares y que, según las versiones conocidas, incluso habría afectado a la administración departamental.
El caso estaría relacionado, al parecer, con el no pago de deudas y con el supuesto uso de una camioneta de propiedad del departamento como garantía para respaldar una obligación económica, sin conocimiento de sus jefes.
Frente a estos hechos, el Gobierno del Quindío emitió un pronunciamiento en el que señaló que, dada la trascendencia de la situación y la necesidad de verificar la información, los hechos deberán ser investigados y esclarecidos por las autoridades competentes, bajo las garantías del debido proceso.
Por instrucción del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Secretaría de Representación Judicial iniciarán las actuaciones correspondientes e interpondrán las denuncias a que haya lugar, con el fin de establecer de manera objetiva lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.
De igual forma, la Secretaría Administrativa y la Oficina de Control Interno de Gestión fueron encargadas de realizar el seguimiento respectivo y recaudar pruebas o documentos oficiales que permitan apoyar el proceso de esclarecimiento.
Sobre el estado actual del vehículo, el secretario (e) del Interior del Quindío, Diego Alexander Santamaría, aseguró que la camioneta se encuentra actualmente en las instalaciones de la Gobernación y continúa prestando servicio institucional. Según explicó, en los últimos días el automotor ha sido utilizado para atender emergencias derivadas de la ola invernal y apoyar distintas dependencias.
El funcionario indicó además que el vehículo ha sido destinado temporalmente para apoyar a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Génova, en el marco de la contingencia por las elecciones previstas para el 8 de marzo.
En relación con un derecho de petición mencionado públicamente, Santamaría explicó que este correspondió a un trámite administrativo para trasladar el vehículo del inventario del secretario del Interior al inventario del director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (UDEGERD), y aseguró que no existe otro requerimiento adicional sobre el automotor.
“Esta administración actúa bajo los principios de transparencia, legalidad y respeto irrestricto por los bienes públicos, por lo que, ante cualquier actuación contraria a estos postulados, promoveremos las acciones legales pertinentes para que se determinen responsabilidades y se impongan las sanciones conforme al marco jurídico vigente.”
