La iniciativa de crear residencias universitarias para beneficiar a estudiantes de los municipios cordilleranos matriculados en la Universidad del Quindío continúa avanzando, aunque aún enfrenta importantes desafíos jurídicos, técnicos y financieros antes de convertirse en una realidad.
En cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la mesa de trabajo realizada en abril, el pasado 29 de mayo se llevó a cabo una nueva reunión de seguimiento al proyecto liderado por la Gobernación del Quindío, con la participación de representantes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Ministerio del Interior, directivas de la Universidad del Quindío y delegados estudiantiles.
Durante el encuentro, uno de los principales temas abordados fue la situación jurídica del edificio Asturias, inmueble que ha sido contemplado como posible sede de las futuras residencias universitarias. La SAE ratificó que, de acuerdo con la normatividad vigente, el predio podría ser transferido a la Universidad del Quindío o a la Gobernación del Quindío mediante la figura jurídica conocida como vocación de transferencia de dominio.
Sin embargo, para avanzar en este proceso, la entidad deberá emitir oficialmente la manifestación de entrega del inmueble.
Otro de los aspectos analizados fue el estado estructural del edificio. El ingeniero civil Leonardo Cano Saldaña presentó el resultado preliminar de la inspección técnica realizada al predio, concluyendo que no se recomienda su uso institucional sin la ejecución previa de estudios especializados y las respectivas intervenciones estructurales.
“El uso institucional de la edificación no es viable en las condiciones actuales sin realizar previamente estudios de vulnerabilidad y las obras de reforzamiento que estos determinen”, señala el informe técnico entregado durante la reunión.
A las dificultades estructurales se suman los pasivos financieros que afectan el inmueble. Actualmente, el edificio acumula una deuda superior a los 500 millones de pesos por concepto de impuesto predial e intereses de mora. Además, existen obligaciones pendientes relacionadas con servicios públicos y otras acreencias.
Frente a este panorama, los equipos jurídicos de la Gobernación del Quindío y de la Universidad del Quindío asumieron el compromiso de explorar alternativas legales que permitan sanear las deudas y avanzar en los estudios técnicos requeridos para garantizar la seguridad del inmueble.
Solo después de superar estas etapas será posible que la Gobernación inicie las obras de remodelación, adecuación, dotación y amoblamiento necesarias para albergar a estudiantes provenientes de municipios alejados del departamento.
Pese a los retos identificados, las instituciones involucradas destacaron los avances alcanzados hasta el momento y reiteraron su compromiso con un proyecto que busca mejorar las condiciones de acceso y permanencia en la educación superior para jóvenes de la región.
Al finalizar la jornada, las partes acordaron realizar una nueva mesa de seguimiento en agosto, una vez concluya el receso académico de mitad de año, con el propósito de evaluar los avances y definir los próximos pasos para la materialización de las residencias universitarias.
