El Gobierno Nacional declaró insubsistente a Wilmar de Jesús Mejía, quien se desempeñaba como director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). La decisión quedó formalizada este 25 de agosto de 2026 mediante el Decreto 1289, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El documento establece expresamente la “declaratoria de insubsistencia” de su nombramiento como director general, cargo que había asumido en abril de este año. El decreto señala que la medida se adopta respecto del empleo de libre nombramiento y remoción.
La salida de Mejía ocurre en un momento particularmente sensible para el país. Antes de llegar a la UIAF, había ocupado funciones en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde su nombre quedó relacionado con las investigaciones surgidas tras la aparición de archivos atribuidos a la estructura de alias ‘Calarcá’.
Ese episodio se convirtió en uno de los escándalos más delicados alrededor de organismos de inteligencia del Estado. Documentos, chats y otros archivos incautados a las disidencias mencionaron a Mejía y generaron investigaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios y esa estructura armada.
En diciembre de 2025, la Procuraduría abrió una investigación relacionada con esos señalamientos y posteriormente Mejía fue suspendido provisionalmente mientras avanzaban las actuaciones. La medida de suspensión no fue prorrogada en marzo de 2026.
Posteriormente, Mejía dejó la DNI y pasó a dirigir la UIAF, entidad estratégica del Estado encargada de producir inteligencia financiera para prevenir y detectar fenómenos como lavado de activos y financiación del terrorismo. La propia UIAF reportó durante su gestión denuncias penales presentadas ante la Fiscalía por presuntas conductas que afectarían el orden económico y la administración pública.
Incluso en julio de 2026, la UIAF informó que había producido 121 informes de inteligencia financiera entre enero y junio, relacionados con investigaciones en sectores como salud, asuntos electorales y medios digitales.
Ahora, el decreto firmado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, abre un nuevo capítulo político e institucional. La salida de Mejía se produce además después de que, según reportes periodísticos, él mismo hubiera presentado previamente su renuncia y estuviera dispuesto a realizar el proceso de empalme con su reemplazo.
El caso vuelve a poner bajo los reflectores el manejo de los organismos de inteligencia y las investigaciones relacionadas con las disidencias de las Farc. Es importante precisar que los señalamientos contra Mejía corresponden a investigaciones y presuntos vínculos; no equivalen por sí mismos a una condena judicial.
La pregunta que queda ahora en el centro del debate nacional es qué información encontrará el nuevo gobierno en la UIAF, qué investigaciones continuarán y qué consecuencias tendrá este cambio para los procesos que involucran inteligencia financiera y el denominado escándalo de los archivos de ‘Calarcá’.
