La sección primera del Consejo de Estado anuló el decreto que reglamentaba la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados por la Corte Constitucional.
El Consejo de Estado informó, a través de su sitio web, que fue declarada la nulidad del Decreto 4444 del 2006, que reglamentó la prestación de algunos servicios de salud sexual y reproductiva.
A juicio del Alto Tribunal, el Gobierno solo puede ejercer la facultad reglamentaria cuando exista una ley previa que reglamentar.
El fallo no abordó temas como la objeción de conciencia ni la interrupción voluntaria del embarazo, pues estimó innecesario hacerlo debido a que la simple expedición de la norma fue ilegal.
Cabe aclarar que esta decisión no significa que el Gobierno o el Consejo Nacional de Seguridad Social no puedan posteriormente dictar medidas, reglamentar o definir las políticas de salud en relación con dichos temas, siempre y cuando se acaten los parámetros establecidos en materia de reglamentación legal.
Esta norma estaba suspendida provisionalmente desde el 2009, por decisión del Consejo de Estado.
Según el Decreto, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada, las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las entidades responsables de los regímenes de excepción y los prestadores del servicio de salud de todo el territorio nacional debían tener disponibles los servicios de IVE para todas las mujeres, independientemente de su capacidad de pago y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud e impedía imponer barreras administrativas para postergar la prestación de dichos servicios.
En Colombia está reglamentada la IVE en tres casos: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando constituye peligro para la vida de la madre y cuando el feto presenta malformaciones graves.
