La Procuraduría General de la Nación pidió a la gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, Diana Carolina Castaño Londoño, que considere suspender el proceso de contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada, debido a presuntas irregularidades en la licitación.
El ente de control, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción del Quindío, advirtió sobre debilidades en el análisis que soporta el valor estimado del contrato, cuyo monto supera los $1.000 millones. Según la entidad, el cálculo de la tarifa presenta inconsistencias que podrían afectar la transparencia del proceso.
Uno de los principales cuestionamientos es que, de las cuatro empresas del sector que fueron invitadas a cotizar, solo una respondió, lo que impide una comparación real de precios y genera dudas sobre si el monto adjudicado está acorde con los valores del mercado.
Además, la Procuraduría resaltó que la empresa que entregó la cotización utilizada como referencia tenía la intención de participar en la licitación, lo que pone en entredicho la imparcialidad del proceso y la credibilidad en las reglas establecidas.
Ante estos hallazgos, el Ministerio Público advirtió que persisten condiciones que podrían vulnerar el principio de selección objetiva, por lo que solicitó ajustar el proceso garantizando transparencia y evitando cualquier direccionamiento de los recursos públicos.
