En pleno diciembre, cuando para muchas familias un regalo no es un “lujo” sino un respiro, una sonrisa y un motivo para creer, una decisión administrativa terminó apagando la ilusión. No fue una cancelación por lluvia, ni un imprevisto logístico: fue un “no” firmado desde oficina.
Y cuando una puerta institucional se cierra justo frente a una actividad pensada para la niñez, la comunidad no solo se pregunta por la norma. Se pregunta por lo que hay detrás. Porque si la Navidad se vuelve un pulso de poder, los que pierden no son los políticos: pierden los niños.
El episodio se vivió en Quimbaya, donde la Alcaldía bloqueó el ingreso de la caravana navideña de la Gobernación del Quindío, encabezada por el gobernador Juan Miguel Galvis, que tenía programada una jornada de entrega de regalos para el domingo 14 de diciembre de 2025. La solicitud había sido tramitada desde la Gobernación y, como suele ocurrir cada año, se trataba de una actividad anunciada, prevista y esperada por familias y barrios donde la Navidad no siempre llega completa.
La determinación se tomó en la administración del alcalde Juan Manuel Rodríguez Brito, y se formalizó mediante un oficio firmado por el secretario de Gobierno y Movilidad, Juan Camilo Ruiz Echeverry, con fecha 12 de diciembre de 2025. En ese documento, la Alcaldía no autorizó la actividad en modalidad de recorrido vehicular y, además, dejó claro que no se asignaría personal de Tránsito Municipal para acompañar el evento. Así, a dos días del recorrido, el mensaje fue tajante: la caravana no entra.
La Alcaldía sustentó su negativa en un decreto municipal expedido el 5 de diciembre de 2025, es decir, cuando los preparativos de la caravana departamental ya venían andando desde los primeros días del mes. Y ahí es donde la ciudadanía empieza a atar cabos: caravanas preparadas desde inicios de diciembre, decreto expedido el día 5, respuesta negativa el día 12, evento programado el día 14. Una secuencia que, para muchos, no se ve como simple coincidencia; se ve como una forma “legal” de impedir un hecho que ya estaba anunciado.
Porque si la preocupación real fuera el orden o la movilidad, el camino lógico de una administración enfocada en servir a la comunidad sería coordinar, condicionar, ajustar ruta, fijar horarios, establecer puntos controlados, acompañar institucionalmente. Es decir: buscar una solución. Pero en Quimbaya la decisión fue la más dura y la más fría: prohibir.
La crítica que hoy crece en la comunidad no se reduce al trámite. Se concentra en una percepción que cada vez toma más fuerza: parece una decisión política. El alcalde Juan Manuel Rodríguez Brito y el gobernador Juan Miguel Galvis provienen de orillas políticas distintas, y en el municipio no es secreto que hay sectores que se oponen a la gestión departamental. En ese contexto, bloquear una caravana institucional que llega con regalos y alegría para la niñez no se interpreta como un acto de autoridad: se interpreta como una jugada mezquina.
Porque no se bloqueó una rueda de prensa, ni un acto partidista, ni un discurso. Se bloqueó la ilusión de los niños y la esperanza sencilla de familias que esperaban un detalle en Navidad. Y por eso la indignación no para de crecer: ¿de verdad la Alcaldía no quiso que el gobernador les llevara alegría a los niños de Quimbaya? ¿De verdad no hubo ni una alternativa distinta al “no”?
En este caso, el golpe no lo recibe un funcionario. Lo recibe el niño que ya había escuchado que “venía la caravana”. Lo recibe la mamá que, con lo poco que tiene, se aferra a cualquier gesto para ver sonreír a su hijo. Lo recibe el papá que no entiende de decretos, pero sí entiende que le quitaron un momento de felicidad a su casa.
Por eso la pregunta es legítima y necesaria: ¿los niños se volvieron un juego político en Quimbaya? ¿La Navidad terminó convertida en herramienta de pulso entre administraciones? ¿Se puede “ganar” políticamente apagando la ilusión de la infancia?
Si el argumento era seguridad o movilidad, existían alternativas viables sin matar el evento: permisos condicionados con ruta y horarios, puntos fijos de entrega, coordinación institucional y ajustes operativos para garantizar orden. Lo que faltó no fue derecho, ni norma, ni posibilidad. Lo que faltó fue algo más básico: voluntad de que la Navidad pasara primero que la pelea.
Ahora la responsabilidad política y moral recae directamente sobre el alcalde Juan Manuel Rodríguez Brito y su secretario Juan Camilo Ruiz: ¿van a insistir en el portazo o van a corregir el rumbo buscando una salida inmediata para que la niñez no sea el daño colateral de tensiones entre poderes?
Porque una cosa es aplicar normas. Y otra, muy distinta, es usarlas como excusa para apagar la ilusión. Y cuando eso ocurre en diciembre, con regalos destinados a los niños, la comunidad no lo llama “procedimiento”: lo llama mezquindad.
