Dieciocho años después de la muerte de un niño de apenas dos años, el Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta por fallas en la atención médica que recibió el menor. La decisión de segunda instancia también ordenó indemnizar a sus familiares por los perjuicios morales derivados de su fallecimiento.
El caso se remonta al 10 de agosto de 2008, cuando el pequeño fue remitido desde el municipio de Plato e ingresó al centro asistencial de Santa Marta con diagnóstico de síndrome nefrótico. Allí comenzó a recibir tratamiento con albúmina, pero ocho días después, el 18 de agosto, presentó una grave descompensación que terminó en un paro respiratorio y posteriormente en su muerte durante la madrugada.
Durante el proceso judicial se establecieron varias deficiencias en la atención médica. Entre ellas estuvieron la falta de valoración por especialistas en nefrología pediátrica y el diagnóstico de una infección urinaria que, según lo establecido en el expediente, no correspondía a la condición que presentaba el menor.
A estas circunstancias se sumaron un tratamiento considerado tardío e insuficiente para el síndrome nefrótico, la administración de una cantidad de albúmina inferior a la ordenada por los médicos y la omisión del suministro de nifedipina. Estos elementos fueron considerados por la justicia dentro de la falla en la prestación del servicio médico que terminó comprometiendo la responsabilidad del hospital.
El Tribunal Administrativo del Magdalena había declarado responsable al centro hospitalario en primera instancia, decisión que fue apelada y posteriormente llegó al Consejo de Estado. En segunda instancia, el alto tribunal confirmó la responsabilidad del hospital y ordenó el reconocimiento de perjuicios morales a los familiares del menor, cerrando un proceso que se extendió durante casi dos décadas.
De acuerdo con la decisión, la madre del niño recibirá una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras que cada uno de los abuelos maternos recibirá 50 salarios mínimos. Javier Villegas Posada, abogado que representa a la familia desde hace casi dos décadas, señaló que el fallo constituye un llamado a fortalecer la atención especializada de los niños y a evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.