Los recursos destinados a atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto en Armenia podrán ejecutarse, pero bajo condiciones específicas. El Tribunal Administrativo del Quindío declaró ajustado a derecho el Decreto 278 del 17 de septiembre de 2026, mediante el cual la Alcaldía modificó el presupuesto municipal para destinar $35.500 millones a la atención de la emergencia.
La decisión judicial establece reglas concretas para garantizar que estos recursos lleguen a los hogares afectados y financien acciones relacionadas directamente con la recuperación de la ciudad. Del total aprobado, $32.000 millones fueron asignados a la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia (Fomvivienda) y $3.500 millones al fortalecimiento del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
Sin embargo, el monto no corresponde íntegramente a recursos nuevos. La modificación presupuestal se realizó mediante dos operaciones: una adición por $24.508 millones y un traslado de apropiaciones por $10.991 millones, es decir, recursos que inicialmente estaban destinados a otros rubros y que fueron reasignados para atender la emergencia.
Recursos para las viviendas afectadas
Uno de los principales componentes de la decisión corresponde a los $32.000 millones destinados a Fomvivienda. De esta suma, $24.008 millones provienen de la adición presupuestal y $7.991 millones del traslado de recursos.
El Tribunal precisó que este dinero deberá utilizarse exclusivamente en la reparación, el reforzamiento, el mejoramiento y otras soluciones habitacionales para las viviendas afectadas por el terremoto, siempre que los daños estén acreditados mediante registros oficiales o mecanismos verificables.
La sentencia también dejó claro que estos recursos no podrán utilizarse para atender el déficit habitacional que ya existía antes del sismo ni para cubrir gastos de funcionamiento de Fomvivienda. La destinación deberá responder directamente a las necesidades surgidas por la emergencia.
También habrá recursos para la gestión del riesgo
Los otros $3.500 millones estarán dirigidos al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. De este presupuesto, $500 millones corresponden a la adición y $3.000 millones a traslados de otras apropiaciones.
Según la providencia, estos recursos podrán financiar actividades de conocimiento y reducción del riesgo, respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción, siempre que estén directamente relacionadas con las consecuencias del terremoto.
En ese sentido, el Tribunal estableció una restricción importante: el dinero no podrá utilizarse para financiar una revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ni estudios orientados a solucionar dificultades de planeación que existían antes del movimiento sísmico.
Una advertencia sobre los recursos que todavía no han ingresado
La decisión judicial también examinó el origen del dinero incorporado al presupuesto municipal. De los $24.508 millones adicionados, $23.508 millones corresponden a excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), provenientes del sector Propósito General, mientras que $1.000 millones corresponden a rendimientos financieros de recursos propios de libre destinación.
Sobre este último monto, el Tribunal hizo una precisión relacionada con la disponibilidad efectiva del dinero: $833,4 millones ya estaban causados, mientras que otros $166,5 millones correspondían a rendimientos proyectados que todavía no se habían materializado.
Por esta razón, la Administración Municipal únicamente podrá respaldar compromisos con esos recursos proyectados cuando hayan ingresado efectivamente y exista una certificación de disponibilidad presupuestal. Si el dinero no llega a concretarse, deberá realizar las reducciones o aplazamientos presupuestales correspondientes.
Finalmente, el Tribunal revisó la competencia del alcalde James Padilla García para expedir el decreto, la disponibilidad de las partidas trasladadas y la comunicación de la modificación presupuestal al Concejo Municipal.
Con esta decisión, queda habilitada la modificación presupuestal, pero su ejecución deberá respetar los límites establecidos por la justicia. El propósito es que los recursos destinados a la emergencia se traduzcan en soluciones para las familias cuyas viviendas resultaron afectadas y en acciones concretas para la recuperación de Armenia tras el terremoto del 10 de agosto.