La recuperación de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Armenia comienza a tomar forma con un plan de mejoramiento que contempla una inversión de $32.000 millones y la intervención inicial de aproximadamente 640 viviendas. Así lo informó Harrison Santamaría, gerente de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia (Fomvivienda), quien explicó que actualmente se adelantan los trámites administrativos para incorporar los recursos y verificar cuáles familias podrán acceder al programa.
El funcionario precisó que los apoyos no se entregarán en dinero directamente a los beneficiarios, sino mediante obras de reparación y mejoramiento en las viviendas. De acuerdo con las estimaciones iniciales, las intervenciones podrían representar cerca de $31 millones por vivienda para reparaciones locativas, mientras que los inmuebles con afectaciones mayores podrían recibir obras por un valor aproximado de $61 millones. Estos últimos casos requerirían procesos técnicos adicionales y, posiblemente, licencias de construcción, por lo que su intervención podría tardar más tiempo.
Para definir quiénes serán beneficiados, Fomvivienda está depurando las bases de datos del Registro Único de Damnificados y las evaluaciones de daños elaboradas por la Secretaría de Infraestructura. En una primera etapa se priorizarían viviendas clasificadas en amarillo, es decir, consideradas reparables, y algunos inmuebles identificados inicialmente en rojo como no habitables, cuya condición podría cambiar según los estudios técnicos que se adelantan con la Universidad del Quindío. Uno de los requisitos fundamentales es que las viviendas no estén ubicadas en zonas de alto riesgo ni en áreas de protección ambiental, además de que técnicamente sea viable realizar las reparaciones.
El gerente de Fomvivienda señaló que, después de verificar las condiciones de los inmuebles y las familias, se avanzará en la identificación de los hogares que no puedan recibir mejoramientos mediante este programa. Para ellos, se buscaría la posibilidad de articular subsidios del Gobierno Nacional y de la Administración municipal.
Mientras avanzan estos procedimientos, la meta inicial es establecer cuáles viviendas pueden recuperarse y cómo distribuir los recursos para atender a las familias que aún enfrentan las consecuencias del sismo.