La Secretaría de Educación del Quindío reiteró que, tras revisar una situación recientemente difundida en redes sociales y algunos medios de comunicación, no encontró evidencias de afectación al derecho a la educación ni de incumplimiento de las garantías establecidas para los estudiantes de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, incluidos tres alumnos con discapacidad sobre quienes surgieron cuestionamientos relacionados con la prestación de los apoyos pedagógicos.
La situación se originó debido al incremento de estudiantes matriculados en grado décimo, circunstancia que obligó a la institución a reorganizar los espacios académicos para cumplir con los lineamientos del Ministerio de Educación respecto a la capacidad máxima de las aulas. Como parte de esta reorganización, uno de los grupos fue trasladado a un salón que anteriormente era utilizado por la profesional de apoyo encargada del acompañamiento de los tres estudiantes. Ante esta decisión, una madre de familia manifestó su inconformidad al considerar que se había afectado el espacio destinado para la atención de los alumnos, aunque la institución había dispuesto otro lugar para continuar con dichas actividades.
Luego de analizar el caso, la dependencia departamental concluyó que no se vulneró el modelo de educación inclusiva, ya que el servicio de apoyo pedagógico continuó prestándose de manera normal, la profesional encargada mantuvo sus funciones y las estrategias de acompañamiento no fueron suspendidas. Además, recordó que, de acuerdo con el Decreto 1421 de 2017, estos apoyos tienen un carácter complementario dentro del proceso formativo, siendo el aula regular el principal escenario de aprendizaje e integración de los estudiantes.
La entidad también precisó que la normativa vigente promueve la participación de los estudiantes con discapacidad dentro de los entornos educativos comunes, garantizando condiciones de igualdad y eliminando barreras que puedan limitar su aprendizaje o inclusión. Estas disposiciones se encuentran respaldadas por la Constitución Política, así como por diversas leyes y reglamentaciones nacionales en materia de educación inclusiva.
Finalmente, la Secretaría indicó que las inquietudes expresadas por la familia pueden ser abordadas mediante procesos de diálogo, acompañamiento y concertación entre la institución educativa, la profesional de apoyo y los acudientes. Asimismo, señaló que cualquier solución relacionada con la ampliación o adecuación de la infraestructura física requerirá la participación de la Alcaldía de Montenegro, entidad responsable de los predios y edificaciones donde funciona el establecimiento educativo.
Fuente: Oficina de Comunicaciones Gobernación de Quindío
