La Superintendencia de Transporte abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra las empresas TRANS LOGYTOUR SAS y TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ GAMBOA y CIA SCA, así como contra el Centro de Diagnóstico Automotor CENDA DIAGNOSTICENTRO SA, por su presunta responsabilidad en el accidente ocurrido el pasado 24 de mayo en la vía La Línea, en el que murieron 10 personas.
El siniestro tuvo lugar cuando un vehículo de transporte especial, de placas TBK683 y propiedad de TRANS LOGYTOUR SAS, colisionó contra el puente Helicoidal en el tramo que comunica Cajamarca con Calarcá. La tragedia llevó a la Supertransporte a actuar con celeridad, abriendo dos procesos sancionatorios contra esta empresa.
Según lo informado, la primera investigación se formalizó mediante la Resolución 10539 del 30 de mayo de 2025, por el presunto incumplimiento de las obligaciones legales y de reporte ante la autoridad de vigilancia. En este proceso se formularon cinco cargos.
La segunda investigación, con Resolución 10701 del 6 de junio, se refiere a supuestas irregularidades en la prestación del servicio de transporte el día del accidente, formulando siete cargos más. En este mismo proceso, se vinculó a la empresa TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ GAMBOA y CIA SCA, contratista de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt, que habría solicitado el servicio.
De manera paralela, la Superintendencia abrió una investigación sancionatoria contra el Centro de Diagnóstico Automotor CENDA DIAGNOSTICENTRO SA, ubicado en Armenia. Según el informe técnico del Sistema de Control y Vigilancia – SICOV –, el CDA habría omitido requisitos técnicos esenciales en la inspección del vehículo siniestrado.
Como medida preventiva, se ordenó la suspensión de su habilitación, la cual deberá ser informada al público, además de la pérdida de su interconexión con el RUNT. Esta sanción se mantendrá hasta que se subsanen las irregularidades detectadas o por un período máximo de seis meses.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que “este es el resultado de una acción inmediata y coordinada entre las entidades del sector transporte. Nuestro deber es esclarecer los hechos, garantizar el cumplimiento de la ley y proteger la vida de los ciudadanos”.
Por su parte, el superintendente Alfredo Enrique Piñeres Olave envió un mensaje contundente: “Los empresarios y operadores del transporte deben cumplir las normas. No dudaremos en actuar con rigor ante hechos que comprometan la vida de los usuarios”.
Posibles sanciones
De hallarse responsables, las empresas investigadas podrían recibir multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada uno de los cargos formulados, según lo estipulado en la Ley 336 de 1996.
Cabe resaltar que contra las aperturas de investigación y formulación de cargos no procede ningún recurso, conforme a lo establecido en las leyes colombianas.
