La Superintendencia Nacional de Salud ordenó a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA implementar de manera inmediata un plan de choque para agilizar la asignación de citas médicas y disminuir el represamiento de solicitudes, luego de evidenciar un incremento en las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) relacionadas con este servicio.
La decisión fue adoptada tras el monitoreo realizado por el organismo de control con corte al 10 de julio, el cual reveló que estas cuatro EPS concentran el 55,32 % de las reclamaciones presentadas por los usuarios debido a las dificultades para acceder oportunamente a los servicios de salud.
De acuerdo con el informe, Nueva EPS encabeza la lista con 8.328 reclamaciones (14,62 %), seguida por Salud Total, con 8.062 casos (14,15 %); Sanitas, con 7.576 (13,30 %), y EPS SURA, con 7.546 reclamaciones (13,25 %).
El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, manifestó su preocupación por las barreras de acceso que enfrentan los pacientes y aseguró que resulta inaceptable que los ciudadanos deban acudir a la Superintendencia para lograr la asignación de una cita médica.
“Muchos usuarios siguen teniendo que acudir a la Superintendencia para conseguir una cita médica. La asignación oportuna de citas es una obligación de las EPS y un derecho de los pacientes”, afirmó el funcionario.
Duque advirtió que las demoras coinciden con un aumento de enfermedades respiratorias y la temporada de vacaciones escolares, factores que incrementan la demanda de los servicios de salud y hacen aún más urgente la atención oportuna de los pacientes.
Frente a este panorama, la Superintendencia ordenó a las cuatro entidades adoptar acciones inmediatas para reducir los tiempos de espera, mejorar la programación de consultas y resolver las solicitudes que permanecen pendientes.
El organismo de control también anunció que realizará un seguimiento permanente al cumplimiento de estas medidas y al comportamiento de las reclamaciones presentadas por los usuarios.
Finalmente, advirtió que, si las EPS incumplen las órdenes impartidas o persisten las irregularidades en la prestación del servicio, podrá iniciar procesos de inspección, vigilancia y control, que podrían derivar en sanciones administrativas conforme a la normativa vigente.
