El Gobierno Nacional oficializó la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, una de las principales apuestas institucionales del presidente Gustavo Petro, luego de la expedición del Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, que da inicio formal al proceso de cierre de la cartera.
La decisión se produce tras el vencimiento del plazo otorgado por la Corte Constitucional para corregir los vicios de trámite de la Ley 2281 de 2023, mediante la cual fue creado el ministerio, y después de que no prosperara el segundo intento del Gobierno para reactivar la iniciativa en el Congreso.
De acuerdo con el decreto, la entidad pasará a denominarse oficialmente “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación” y contará con un plazo inicial de un año para culminar su proceso de cierre, término que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo. Durante este periodo se designará un liquidador encargado de administrar bienes, contratos, obligaciones, procesos judiciales y el personal de la cartera.
El documento también establece que el ministerio no podrá iniciar nuevas actividades y conservará únicamente las funciones necesarias para su cierre administrativo. Además, el cargo de ministro o ministra de Igualdad quedará suprimido con la entrada en vigencia de la medida.
La liquidación se deriva de la sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley de creación de la entidad por vicios de trámite legislativo, aunque difirió los efectos del fallo para permitir al Congreso tramitar nuevamente la iniciativa y evitar un vacío institucional.
El Ministerio de Igualdad había sido presentado como una de las principales banderas del “Gobierno del Cambio”, con el objetivo de reducir brechas sociales y atender a poblaciones históricamente excluidas, como mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. La cartera fue inicialmente liderada por la vicepresidenta Francia Márquez.
Sin embargo, desde sus inicios enfrentó dificultades administrativas, cuestionamientos por baja ejecución presupuestal y controversias internas, lo que debilitó su funcionamiento y generó críticas sobre su viabilidad.
El proceso de liquidación también ha generado reacciones entre funcionarios de la entidad, quienes realizaron protestas en inmediaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y denunciaron incertidumbre sobre su futuro laboral. Según estimaciones de los trabajadores, más de 600 personas podrían verse afectadas por la terminación de sus contratos.
El decreto establece además que algunas funciones del ministerio serán asumidas por otras entidades del Estado. El Ministerio del Interior administrará el fondo “No es Hora de Callar”, mientras que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y otras dependencias recibirán competencias relacionadas con programas sociales y de reducción de brechas.
Organizaciones sindicales han solicitado al Gobierno una mesa de diálogo para discutir alternativas que permitan mitigar el impacto laboral y preservar parte de la institucionalidad creada.
Con esta decisión, el Ministerio de Igualdad inicia su etapa final, cerrando una de las iniciativas más emblemáticas —y controversiales— del actual Gobierno.
