El Gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella comenzará su política de seguridad con una de las decisiones más controversiales de los últimos años: el regreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la derogatoria de las normas que dieron origen a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), creada durante la administración del presidente Gustavo Petro.
El anuncio fue realizado por el general en retiro Jorge Eduardo Mora López, designado como ministro de Defensa, quien aseguró que una de las primeras medidas que adoptará el nuevo Gobierno, a partir del próximo 7 de agosto, será derogar el Decreto 003, normativa que dio paso a la transformación del Esmad en la UNDMO.
Durante una entrevista concedida a Noticias RCN, Mora afirmó que la actual reglamentación limitó la capacidad de actuación de la Fuerza Pública frente a disturbios y alteraciones del orden público.
“Seguramente se van a derogar una serie de decretos que también le ataban las manos a los miembros de la fuerza pública”, manifestó el ministro designado.
El alto oficial en retiro sostuvo que el Decreto 003 dejó a la Policía sin herramientas suficientes para actuar, aunque insistió en que el uso de la fuerza siempre deberá desarrollarse dentro del marco de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
“No hay que confundir: la fuerza se aplica y se ejerce dentro del marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, puntualizó.
Cambio en la estrategia de seguridad
La eliminación de la UNDMO representa un giro frente a la política implementada por el Gobierno saliente de Gustavo Petro, que reemplazó el Esmad por una unidad con un enfoque basado en el diálogo tras las protestas del estallido social de 2021.
Desde el Gobierno entrante consideran que ese modelo disminuyó la capacidad operativa de la Policía Nacional al priorizar la mediación sobre la intervención frente a hechos violentos.
Crearán el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana
Además del regreso del Esmad, Mora anunció la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia que será formalizada mediante decreto el mismo 7 de agosto, día de la posesión presidencial.
La iniciativa pretende fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional, alcaldes, gobernadores, Policía Nacional, Fuerzas Militares, la reserva de veteranos y el sector empresarial para enfrentar la criminalidad en las ciudades.
Según explicó el futuro ministro, el objetivo es construir un modelo de trabajo articulado que permita una respuesta más rápida frente a los problemas de seguridad.
“Lo que estamos buscando es una perfecta sinergia. La trinidad Gobierno, pueblo y Ejército. Que las autoridades locales, con la fuerza pública, reserva de veteranos y empresarios, hagamos una sola fuerza en contra de los violentos”, afirmó.
Judicialización exprés y extinción de dominio
Dentro de las medidas anunciadas también se encuentra la implementación de mecanismos de judicialización exprés para agilizar los procesos contra los delincuentes y el fortalecimiento de las acciones de extinción de dominio dirigidas a afectar las finanzas de las estructuras criminales.
El ministro designado señaló que estas herramientas harán parte de la estrategia integral de seguridad que impulsará la nueva administración desde el inicio de su mandato.
Una propuesta que ya genera debate
Aunque las iniciativas han recibido respaldo de algunos mandatarios locales que consideran necesario fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública, también han despertado críticas desde distintos sectores políticos y de derechos humanos.
Algunos analistas han comparado el nuevo Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana con las desaparecidas Convivir, organizaciones de vigilancia creadas en la década de 1990 y posteriormente cuestionadas por sus vínculos con grupos paramilitares.
Con estas decisiones, el Gobierno de Abelardo De la Espriella anticipa un cambio profundo en la política de seguridad del país, dejando atrás el modelo de diálogo impulsado durante la administración Petro y retomando una estrategia enfocada en el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Pública para enfrentar los problemas de orden público y criminalidad.
