El proyecto de reforma tributaria del Gobierno Nacional, con el que se buscaba recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, se hundió este lunes 9 de diciembre en el Congreso de la República tras una votación adversa.
La iniciativa fue archivada durante la tercera sesión conjunta de las Comisiones Económicas, luego de que la Comisión Cuarta votara negativamente la ponencia positiva: cuatro votos por el SÍ y nueve por el NO, lo que por reglamento bastaba para tumbar la Ley de Financiamiento, pese a que las demás comisiones no habían rechazado el texto.
“Ha sido negada la ponencia positiva. Se entiende archivada la Ley de Financiamiento”, anunció el presidente de las comisiones, el senador Wilmer Castellanos (Alianza Verde), quien en sesiones anteriores había logrado mantener la propuesta a flote. La decisión se tomó bajo la mirada silenciosa del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien estuvo presente en el recinto pero no intervino.
Tras el hundimiento, el presupuesto aprobado por el Congreso -de $546 billones- queda desfinanciado en al menos $16 billones, ya que el Gobierno solo cuenta con $530,6 billones garantizados para 2026.
Ante este escenario, el Ejecutivo deberá expedir un decreto de congelamiento presupuestal mientras define cómo cubrir el faltante.
Cruce de recriminaciones en el Congreso
El resultado de la votación dejó fuertes tensiones entre los congresistas. Senadores que apoyaban la reforma señalaron que quienes votaron en contra “no asistieron a la exposición de motivos” y que la decisión responde a intereses políticos.
La senadora Sonia Bernal (Pacto Histórico) defendió la iniciativa hasta el final: “Este proyecto no introduce nuevas cargas tributarias. Solo busca mejorar la recuperación de la cartera pública”.
Su compañera de bancada, Aída Avella, afirmó que el hundimiento representará un golpe fiscal: “Las personas con patrimonios superiores a $6.200 millones ya no aportarán progresivamente. Se pierden $2,2 billones desde el próximo año”.
Los opositores, por su parte, cuestionaron la ejecución presupuestal del Gobierno. El conservador Efraín Cepeda reiteró que el problema no es la falta de recursos sino el gasto desbordado y la baja ejecución: “¿Para qué quieren 16 billones si a 30 de noviembre tienen 75 billones sin ejecutar, de los cuales 34,4 son de inversión?”.
En la misma línea, el liberal Mauricio Gómez Amín celebró la decisión: “Para qué querían más recursos si no los ejecutan. No tienen legado: solo discursos y promesas”.
Otros senadores como Enrique Cabrales aseguraron que la reforma “empobrecía a los colombianos” y “afectaba a las empresas”, por lo que respaldaron la necesidad de recortar el gasto antes de buscar más ingresos.
Concesiones que no alcanzaron
En las últimas horas antes de la votación, el Ministerio de Hacienda había mostrado disposición a modificar varios puntos polémicos, entre ellos:
-Eliminar el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, que aportaría $3 billones.
-Eliminar el IVA a los combustibles.
-Excluir gravámenes a actividades de iglesias.
-Quitar impuestos al entretenimiento en boletas superiores a $500.000.
-Ninguna de estas concesiones logró revertir el ambiente adverso.
¿Estado de emergencia?
Tras la derrota legislativa, el presidente Gustavo Petro señaló que podría considerarse un estado de emergencia económica. Sin embargo, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) advirtió que la Constitución no ofrece sustento para aplicarlo en este caso: “Solo procede ante hechos sobrevinientes, imprevisibles o catastróficos, lo cual no se configura”..
