El Gobierno del Quindío avanza en la implementación de institucionales para proteger a los defensores de derechos humanos que enfrentan amenazas o acciones contra su integridad en el departamento. Así lo confirmó el director de Derechos Humanos del Gobierno seccional, Diego Alexander Santamaría Tabares, al referirse a la situación actual de esta población ya las medidas que se vienen adoptando desde la administración departamental.
Santamaría explicó que el departamento cuenta con un proyecto específico de derechos humanos, el cual incluye una línea prioritaria para la protección de defensores y defensoras. “Nosotros tenemos, como ustedes bien lo saben, un proyecto en nuestro Gobierno del Quindío que es el proyecto de derechos humanos. Este proyecto lo que quiere es abarcar todo el tema de derechos humanos, entre eso la línea de defensa de derechos humanos y de defensores”, señaló.
Como parte de esta estrategia, la Gobernación implementó el Decreto 441, un acto administrativo que permite activar de manera ágil las denominadas mesas de reacción rápida. Estas instancias buscan atender de forma inmediata los casos en los que un defensor considera que su vida o integridad están en riesgo. “Este decreto lo que quiere es brindarle unas alternativas y unas mesas de reacción inmediata y rápida a los defensores que han sido o sienten que su integridad o su vida han corrido peligro en el departamento del Quindío”, explicó el funcionario.
Según el balance entregado por Santamaría, a la fecha se han realizado alrededor de 41 mesas de reacción rápida. En estos espacios, la Gobernación del Quindío y las entidades competentes activan las rutas correspondientes para evaluar cada caso y determinar si es necesario adoptar medidas de protección inmediata. “De inmediato se activan las rutas pertinentes para determinar si a esta persona se le debe accionar unas medidas de protección inmediata o si, por el contrario, después de un estudio riguroso, no es de esa manera”, precisó.
El director de Derechos Humanos indicó que, gracias a este mecanismo, varios defensores del departamento ya cuentan con esquemas amplios de seguridad. “Hoy hay personas y defensores de derechos humanos en nuestro departamento que cuentan con esquemas amplios de seguridad gracias a esta alternativa que nos da este acto administrativo del Gobierno del Quindío”, afirmó.
Frente a los cuestionamientos sobre la veracidad de las denuncias o el resultado de estas mesas, Santamaría fue enfático al señalar que todas las solicitudes son tramitadas. “Todas prosperan, porque a todo el mundo, de acuerdo al principio de la buena fe, se les debe creer lo que dicen”, sostuvo.
Finalmente, aclaró que la definición de los esquemas de protección corresponden a la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que, tras el análisis de cada caso, determina si la persona requiere medidas como escoltas, chalecos antibalas o vehículos. “Es la UNP la que determina si estas personas requieren o no un esquema correspondiente para que se le garantice la protección de su vida”, concluyó.
