La Procuraduría General de la Nación citó a Eva Ferrer y a otras cinco personas para que rindan declaración bajo juramento, en el marco de las actuaciones que buscan esclarecer presuntos hechos de corrupción mencionados en publicaciones de la revista Semana. Las diligencias se relacionan con señalamientos que involucran a la ex primera dama Verónica Alcocer y a otros servidores públicos, los cuales aún deben ser verificados.
La decisión fue formalizada mediante un auto conocido este martes 13 de octubre, en el que el organismo de control ordenó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales practicar las pruebas necesarias para establecer las circunstancias de los hechos denunciados. El objetivo es recopilar elementos probatorios que permitan determinar si existieron irregularidades y si hay lugar a establecer responsabilidades disciplinarias.
Además de Ferrer, fueron citadas Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas. La Procuraduría busca escuchar sus testimonios bajo la gravedad de juramento y reunir información que contribuya al avance de la investigación.
Las diligencias se producen después de que Ferrer, exasesora de Alcocer y exconsejera presidencial para la Reconciliación, hiciera señalamientos en una entrevista con la revista Semana. En esa publicación, afirmó que existirían presuntos movimientos de dinero y una supuesta red de tráfico de drogas relacionada con personas del entorno de la ex primera dama.
Entre sus declaraciones, Ferrer aseguró que, durante un viaje a Venezuela que habría ocurrido en enero de 2023, se habrían trasladado 2,5 millones de dólares a Colombia en el avión oficial de la primera dama. También mencionó supuestas fotografías de Alcocer descendiendo de la aeronave con maletas que, según su versión, contendrían droga. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos de Ferrer y no constituyen, por sí mismas, hechos probados.
La Procuraduría indicó que las nuevas diligencias hacen parte de una investigación abierta previamente a partir de otras publicaciones de Semana sobre presuntas irregularidades atribuidas a servidores públicos. Con la práctica de pruebas y la recepción de testimonios, el organismo busca verificar la información divulgada y establecer si existen elementos que ameriten actuaciones disciplinarias adicionales.