Vacunar cerca de 83.000 cabezas de ganado en el Quindío entre bovinos y bufalinos es la meta de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina propuesta por el gobierno nacional. El primer ciclo de vacunación iniciará en todo el país el próximo lunes 13 de mayo y se extenderá hasta el miércoles 26 de junio. Por directriz del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, esta actividad se realizará en 2.050 predios en todo el departamento.
El objetivo en el departamento es mantener el estatus sanitario como territorio libre de aftosa, así lo destacó la gerente seccional Quindío del ICA Ana María Martínez Gómez.
La funcionaria explicó que el instituto trabaja de manera articulada con gobierno departamental y la secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, las alcaldías y asociaciones de productores para invitar a todos los ganaderos del Quindío a participar activamente de estas jornadas. “Nuestra primera línea de defensa es la prevención, por ello es importante realizar inventarios del ganado vacuno y acercarse a las oficinas del ICA o través de las Umatas para participar”, agregó.
“De igual manera contamos con el apoyo del Comité de Ganaderos del Quindío para garantizar que se logre una cobertura total. Hasta ahora el departamento no tiene ningún caso sospechoso de fiebre aftosa, pues gracias al trabajo articulado entre todas las instituciones y los ganaderos del Quindío se ha mantenido un control que nos permite mantener ese estatus de territorio libre de aftosa”, puntualizó.
La funcionaria explicó que es importante que los ganaderos vacunen con rigurosidad su ganado para evitar que se vuelvan a presentar focos de aftosa en diferentes zonas del país. El objetivo es que el esfuerzo de todos nos permita recuperar el estatus sanitario internacional de territorio libre de aftosa”, argumentó.
Riesgos de la fiebre aftosa
Desde el punto de vista social y económico la fiebre aftosa afecta a todos los actores de la cadena de producción agropecuaria, familias, productores, industriales, proveedores y consumidores por sus efectos desfavorables sobre la salud. Asimismo, a las actividades comerciales del sector tanto en el orden nacional e internacional por la restricción y pérdida del estatus sanitario y los gastos públicos para su control y erradicación.
