La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos en contra de dos exfuncionarios del departamento del Quindío, señalando posibles irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el periodo 2022-2023. El organismo de control investiga la demora en la prestación del servicio de alimentación para los estudiantes, el cual no inició desde el primer día del calendario escolar, incumpliendo la normativa vigente.
Según la Procuraduría, la administración departamental no habría gestionado oportunamente los recursos necesarios para la financiación del PAE en 2023. A pesar de las indicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), que recomendaban tener los contratos firmados para finales de diciembre de 2022, el proceso de selección del operador se inició a mediados de ese mes, lo que provocó un retraso en la implementación del programa.
Como resultado, el servicio de alimentación comenzó el 27 de febrero de 2023, un mes después del inicio del calendario escolar, lo que afectó a cientos de estudiantes. Para el ente de control, esta demora vulneró los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, al no garantizarse de manera oportuna el complemento alimentario necesario para su desarrollo y permanencia escolar.
La Procuraduría ha calificado esta situación como una falta grave, cometida con culpa gravísima, resaltando la importancia de la planificación y ejecución adecuada de programas esenciales como el PAE, cuyo objetivo es promover el derecho a la educación a través del acceso a una alimentación adecuada.
