El presidente electo de los colombianos, Abelardo De La Espriella, ha provocado un monumental remezón político e institucional con impacto directo en la seguridad nacional. Como uno de los primeros pasos para consolidar su proyecto programático denominado la “Patria milagro”, el nuevo mandatario inició el proceso legal y técnico para reintegrar a las filas a decenas de oficiales del Ejército y de la Policía Nacional que fueron apartados de sus cargos durante la administración del presidente saliente Gustavo Petro. La estrategia, diseñada para liderar una severa ofensiva contra los grupos armados ilegales, busca reincorporar mandos de élite que cuentan con amplia experiencia en labores de inteligencia, contrainteligencia y operaciones especiales.
El plan estratégico del nuevo Gobierno comenzó a estructurarse desde el pasado domingo 31 de mayo de 2026, inmediatamente después de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial. Durante una cumbre de alto nivel celebrada con su equipo de asesores en la ciudad de Barranquilla, De La Espriella ordenó realizar un inventario minucioso de la situación de la Fuerza Pública en los últimos cuatro años. Fuentes de entero crédito confirmaron a medios nacionales el alcance de la directriz presidencial, señalando textualmente que el mandatario “dijo que se revisaría caso por caso y hoja de vida de cada uno de los oficiales retirados en estos cuatro años”.
Dentro del listado de oficiales de la Policía Nacional que encabezan esta exhaustiva revisión destaca el nombre del brigadier general Edwin Masleider Urrego. El exoficial fue destituido en febrero pasado tras la filtración de un documento anónimo en la Casa de Nariño que lo implicaba en un presunto sabotaje y montaje contra el presidente Gustavo Petro. No obstante, sectores internos de la institución policial defienden la hoja de vida de Urrego, argumentando de forma extraoficial que su abrupta salida respondió en realidad a su participación en el allanamiento a un predio vinculado a Armando Benedetti y a su activa colaboración en la seguridad del propio De La Espriella durante su campaña en el Atlántico.
Junto a Urrego, en el radar del nuevo mandatario figuran nombres clave de la inteligencia policial como la coronel Julie Ruiz, exjefa de contrainteligencia, y el coronel Sergio Peñaranda, quienes ya iniciaron de forma independiente audaces acciones legales para exigir su reincorporación formal. Documentos judiciales e investigaciones periodísticas sugieren que la salida de estos altos mandos se precipitó tras liderar operaciones de altísimo perfil contra el crimen organizado y las redes transnacionales. Entre ellas destaca la investigación contra la corrupción de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) ligada a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y los pormenores del controvertido software de vigilancia Pegasus.
La controversia en la Policía Nacional también arrastra denuncias de supuestas presiones internas originadas desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) bajo la pasada administración. Varios oficiales retirados reportaron haber sido sometidos de manera irregular a exámenes de polígrafo con el fin de suministrar información comprometedora sobre sus superiores. Aunque el entonces jefe de la DNI, Jorge Lemus, negó los señalamientos, se conoció un polémico audio donde se presionaba al coronel Flaminio Quitián —clave en la captura del cabecilla del Clan del Golfo, alias Otoniel—, quien denunció el hecho ante el ministro de Defensa Pedro Sánchez y logró ser reincorporado provisionalmente tras demostrar las presiones.
En las filas del Ejército Nacional, la lista de De La Espriella incluye expedientes de gran envergadura institucional, siendo el caso más emblemático el del general Erick Rodríguez. El alto oficial fue pasado a retiro el 9 de junio tras 33 años de impecable servicio, días después de denunciar públicamente una grave anomalía de orden público en el suroccidente del país. Rodríguez expuso ante los medios que las disidencias de las Farc bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, venían adelantando procesos de carnetización forzada de la población civil, una práctica ilegal que, según sus reportes de inteligencia, terminó por alterar y viciar los procesos electorales en al menos cinco departamentos de la periferia colombiana.
Otro militar de alto rango en la mira del nuevo Gobierno es el general Jorge Ricardo Hernández, excomandante de la Cuarta Brigada en Antioquia, quien atribuye su salida forzosa a una exitosa operación militar que, a su juicio, afectó la narrativa política de la denominada “paz total”. Hernández, quien también enfrenta acusaciones por presuntos nexos de subalternos con la minería ilegal, elevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) exigiendo medidas cautelares. En una línea similar se encuentra el general Juan Carlos Fajardo, excomendante de la Séptima División, cuyos equipos jurídicos adelantan intensas gestiones para revertir los actos administrativos que ordenaron sus salidas de la institución castrense.
La purga de la Fuerza Pública ejecutada en el cuatrienio anterior también fue cuestionada públicamente por el exdirector de la Policía, general retirado Henry Sanabria. El ex alto oficial señaló que los coroneles Jhon Arbey Álzate Duque, Juan Miguel Thiriat y Zaid Eduardo Pabón eran fichas fundamentales en el desmantelamiento de los grupos armados ilegales en las regiones. Sanabria sembró una dura duda sobre la transparencia de sus retiros al sugerir que estos valiosos oficiales habrían sido removidos del servicio activo debido a presiones directas ejercidas por el “Clan del Golfo” en el marco de los acercamientos de la “paz total”, aunque la DNI absolutizó ligarlos al caso Pegasus.
Como era de esperarse, el anuncio de esta masiva revisión de hojas de vida generó una inmediata e implacable reacción por parte del saliente jefe de Estado, Gustavo Petro, quien salió en férrea defensa de la pulcritud y legalidad de las decisiones tomadas bajo su mandato presidencial. El mandatario defendió la legitimidad de la línea de mando establecida y sostuvo con contundencia ante la opinión pública: “A nadie en la Fuerza Pública de Colombia se le ha retirado sino por solicitud propia o violación de derechos humanos, por participación en política o por indicios de corrupción (…)”.
La reincorporación de esta cúpula en retiro, que ya acumula una compleja maraña jurídica de demandas, fallos de tutela y audiencias de conciliación ante la Procuraduría, representa la primera gran prueba de fuego política e institucional para el gobierno de Abelardo De La Espriella. Mientras los sectores de oposición advierten sobre los riesgos de politizar los cuarteles, el mandatario electo avanza con firmeza en el diseño de su estrategia de seguridad. El departamento del Quindío y las capitales de todo el país permanecen a la expectativa de las implicaciones operativas que este drástico viraje institucional traerá para el orden público en los territorios de la nación.
*La presente nota es netamente informativa con fines periodísticos.
